Categoría: Gobierno de Internet

Seudociencias en la Red

Sr. Raúl Trejo Delarbre:

Soy María Fernanda Arrigazzi, estudio Comunicación Social en la Universidad de la Matanza y lo consulto porque sería de mucha ayuda si usted me brindara información sobre la falta de regulación de las páginas web. El motivo de este pedido, es que estoy realizando una investigación en la universidad sobre la cantidad de páginas web que hay sobre tarotistas, videntes y demás actividades similares, y la falta de control que hay sobre estas, en cuanto a lo que recaudan y a lo que ofrecen. Convirtiéndose en un negocio redondo y fácil de realizar debido por un lado: al bajo costo de inversión para la instalación y mantenimiento de una página. Y por el otro: mediante estos sitios, publicitan su servicio, lo brindan, y cobran el dinero estipulado por el mismo. (más…)

¿Quién controla Internet?

Publicado en el suplemento adncultura de La Nación, en Buenos Aires, el 29 de marzo

Internet es una Red de redes. Cuando enviamos un correo electrónico, incursionamos en un salón de chat o abrimos la página de un sitio web, nuestra computadora se conecta con el servidor que a su vez redirigirá nuestro mensaje o en donde se encuentra la información que buscamos. Ese servidor puede ser el de Google Mail si ese es el servicio de correo que tenemos, el de UOL en caso de que ese sea el servicio de chat que prefiramos o el del Museo del Louvre o el diario La Nación si de esos dominios son las páginas que deseamos recorrer en línea.

El carácter reticular hace de Internet un sistema de enlaces descentralizado. Al carecer de un eje único, la Red es flexible y resulta prácticamente imposible de controlar. Hay motores de búsqueda (Google, Yahoo, etc.) que pueden inventariar e incluso copiar gran parte de la información acumulada en los sitios web. Hay programas de espionaje como los que utilizan varias agencias gubernamentales en Estados Unidos que rastrean inmensas cantidades de mensajes electrónicos o monitorean las conversaciones en millares de salas de chat.

Cada paso que damos en la Red, deja huellas. Pero el rumbo de esos pasos, la intencionalidad de nuestros mensajes, los contenidos que deseamos mirar y dejar de ver, los decidimos nosotros mismos con plena libertad.

Así que cuando nos preguntamos quién controla Internet es pertinente recordar que su estructura en forma de malla permite que la recorramos sin más limitaciones que la velocidad de la conexión o del procesador de nuestra computadora.

Muchos gobiernos y consorcios privados han querido asumir el manejo de la Red. Hasta ahora existen organismos de coordinación técnica como la Corporación Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés) que establecen protocolos para que computadoras y contenidos puedan enlazarse entre sí. Pero el control de la Red lo tenemos sus usuarios. Al menos, todavía.

La Cumbre en Túnez: grandes esperanzas, pobres realidades

Publicado en etcétera, enero de 2006

Nada para nadie. Esa fue una de las conclusiones de la enrevesada segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que se realizó entre el 16 y el 18 de noviembre pasados en Túnez. 19 mil 400 participantes se aglomeraron en el Parque de Exposiciones de Kram al norte de la capital tunecina para un acontecimiento cuyos resultados fueron más declarativos, pero menos comprometedores, de lo que esperaba la mayoría.

222 discursos en tres extenuantes días y tardes de comparecencias en la tribuna principal, docenas de mesas redondas en eventos paralelos así como los avances tecnológicos que querían presumir o promover alrededor de 300 expositores, ocuparon la atención y provocaron el cansancio de representantes gubernamentales, delegados de grupos sociales y periodistas en un carnaval de posiciones, regateos y reiteraciones en torno al desarrollo de las comunicaciones y en particular de la Internet. La Cumbre, organizada por Naciones Unidas a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con apoyo de la UNESCO, se realizó en dos fases. La primera tuvo lugar en Ginebra a comienzos de diciembre de 2003. La segunda en Túnez casi dos años después.

El Compromiso de Túnez, que en 40 apretados puntos reconoce las limitaciones que existen para el desarrollo de la sociedad de la información ante las cuales formula exhortaciones con suficiente cortesía para eludir cualquier estridencia, fue el documento doctrinario que resultó de esa segunda fase. Comparado con la Declaración de Principios que surgió dos años antes en Ginebra el Compromiso es más general, en ocasiones con mayores vaguedades y menos definiciones específicas.

Lo mismo ocurre con los 122 apartados de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, menos ambiciosa que el Plan de Acción de diciembre de 2003. Los documentos de Ginebra tenían como horizonte la siguiente reunión, con un plazo de solamente dos años. En cambio, los acuerdos de Túnez se pretendía que fuesen de mayor aliento porque tendrían que ofrecer rumbos para el desarrollo global de las tecnologías de las comunicaciones con una mirada de mediano plazo.

Así, en uno de los asuntos más enconadamente discutidos, mientras que el Plan de Acción de Ginebra invitaba a establecer “una estrecha cooperación” para respaldar la Agenda de Solidaridad Digital –que es como se ha denominado al fondo integrado con aportaciones de países desarrollados y grandes empresas para promover las capacidades tecnológicas en las sociedades más pobres– la Agenda de Túnez simplemente menciona “la creación de un Fondo de Solidaridad Digital” entre otras opciones para financiar ese desarrollo tecnológico. Los países con menos recursos –especialmente los africanos– insistieron infructuosamente en que ese financiamiento tuviese mecanismos, metas y compromisos más específicos.

De esa manera quedaron sin respaldos precisos las metas aprobadas en Ginebra para que en 2015 se alcancen metas como la conexión con las tecnologías de la información y la comunicación de todas las universidades y escuelas, bibliotecas públicas y oficinas de correos, todos los centros sanitarios y hospitales así como de todos los gobiernos locales y centrales. La Agenda de Túnez alude, sin mencionarlos, a esos compromisos y solamente recuerda que debían lograrse “considerando las diferentes circunstancias nacionales”. Formulaciones como esa resultaban entendibles cuando apenas se había cumplido la primera mitad de la Cumbre. Pero como desenlace de un larguísimo y complejo proceso de negociaciones y definiciones entre gobiernos, grupos sociales y empresas, las metas aprobadas en noviembre de 2005 resultan demasiado modestas –por decirlo en la jerga supuestamente diplomática que se emplea en esos documentos–.

 

Gobierno de Internet,

el tema de la discordia

Aunque la Cumbre contaba con un temario muy amplio que iba desde las políticas regionales y nacionales para desarrollar la sociedad de la información hasta usos muy concretos de las nuevas tecnologías y de los medios en general en áreas como la enseñanza, la medicina, la administración pública y la propagación del conocimiento entre otras vertientes, la reunión en Túnez estuvo anticipadamente señalada por el tema del gobierno de la Internet. Ese asunto, ciertamente importante, fue creciendo hasta ser tan magnificado que desbordó a los gobiernos y a la misma Cumbre.

Meses y especialmente semanas antes del encuentro en Túnez, en medios, foros y organismos de todo el mundo se esparció una versión desinformada e inopinada acerca de la manera como es administrada la Internet. La Red de redes, se dijo, es controlada por el gobierno de Estados Unidos. Hay que hacer de la Cumbre, se propuso entonces, el sitio para arrebatarle a Washington el mando sobre la Internet.

Esa suposición, que fue compartida por algunos de los gobiernos más poderosos y varios de los medios de comunicación habitualmente más acuciosos del mundo, obedecía a una visión ideologizada y simplista de la manera como se administra la designación de los domicilios en la Red de redes. En los inicios de la Internet esa tarea la desempeñaba el gobierno de Estados Unidos a través de un organismo llamado IANA –Internet Assigned Numbers Authority– que era conducido por algunos de los científicos que crearon los protocolos informáticos gracias a los cuales existe la Internet. Sin embargo a fines de 1998 la asignación de domicilios en la Red fue transferida a una entidad no lucrativa, más compleja y en cuya composición están representados más sectores y países, la ICANN –Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados, por sus siglas en inglés–. Al nacer, la ICANN suscribió con el Departamento de Comercio de Estados Unidos un acuerdo de transferencia de funciones gracias al cual la administración de la Internet ha quedado cada vez más en manos de ese organismo internacional. A ICANN la encabeza un Consejo de Directores integrado por una veintena de especialistas de diversas nacionalidades entre los cuales se encuentra el mexicano Alejandro Pisanty.

La tarea de ICANN es simple, pero extensa y fundamental. Cuando alguien quiere un domicilio en Internet tiene que dirigirse a ese organismo o a alguno de los grupos y empresas en los que delega la gestión de dominios específicos (.com, .org, .mx, .es, etcétera). Hasta ahora, pese al crecimiento geométrico que la Red de redes ha experimentado en la última década, ICANN ha funcionado con sensatez y equilibrio. Nadie puede decir que haya asumido posiciones pro estadounidenses, ni a favor de país o empresa alguna, porque sus reglas son muy claras. Pero en parte por desconocimiento, pero también porque esa era una forma de desviar la atención de la Cumbre respecto de asuntos de mayor trascendencia, varios gobiernos propalaron la esquemática versión de que ICANN funcionaba como apéndice de la Casa Blanca.

Algunos de los gobiernos especialmente interesados en promover esa apreciación se han distinguido por perseguir el libre uso de la Internet entre sus ciudadanos: Arabia Saudita, China, Corea del Norte, Cuba, Irán , Nepal, Vietnam y Túnez –anfitrión de la Cumbre–. Esos gobiernos pretendían quitarle a ICANN la administración de la Internet para transferírsela a un mecanismo que asignara el control de la Red de redes –nombres de dominio, pero también acceso e incluso contenidos– a cada Estado nacional. Esa propuesta era tecnológicamente difícil pero, además, apuntaba directamente al corazón de la Internet tal como la hemos conocido hasta ahora y cuyo funcionamiento descentralizado, sin un núcleo único que pueda ser fuente de restricciones y censuras, ha constituido una de sus virtudes más importantes.

Otros gobiernos, especialmente los que conforman la Unión Europea, aspiraban a modificar a la ICANN para desligarla de cualquier supervisión estadounidense. Pero a cambio de ello querían colocarla bajo el control de un organismo integrado por los gobiernos mismos. Por su parte, Estados Unidos prefería dejar a ICANN sin injerencia de otros gobiernos.

Así las cosas, la discusión previa a la Cumbre en Túnez se ideologizó de tal manera que para muchos de sus participantes –en una versión que encontró notable eco en la prensa internacional– allí se tendría que dirimir si se mantendría, o no, la hegemonía estadounidense sobre la Red de redes. No era para tanto porque ICANN tiene funciones exclusivamente administrativas y, como se ha señalado, su vinculación con el gobierno de Estados Unidos es solamente formal y cada vez menor. Pero un cambio impensado podría haber trastocado la independencia y la libertad con las que por lo general funciona la Internet.

 

Un nuevo Foro, relevante

pero sin respaldos claros

Todavía la noche previa a la inauguración de la Cumbre el cabildeo entre los gobiernos era tan infructuoso que no parecía haber una fórmula de compromiso capaz de satisfacer a todos. Finalmente se acordó que a comienzos de 2006 el secretario general de la ONU deberá convocar a un “Foro para la Gobernanza de Internet”.

La primera reunión del Foro será en Atenas en el primer semestre del año. Mientras tanto, la Agenda de Túnez consideró: “La administración internacional de la Internet deberá ser multilateral, transparente y democrática, con plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales”. Nadie sabe cómo lograr ese equilibrio. La Cumbre no propició un acuerdo capaz de diseñar un sistema serio, confiable y estable para la administración de la Internet.

Un año antes de la Cumbre en Túnez el secretario general de la ONU designó a un Grupo de Trabajo, integrado por 40 especialistas de diversas nacionalidades, para proponer cómo gobernar a la Internet. Esos expertos identificaron cuatro modelos posibles para la conducción de la Internet –con distintos grados de participación de los gobiernos y de un organismo técnico que complementaría o sucedería a la actual ICANN– y sugirieron el establecimiento de un Foro para definir las políticas públicas relacionadas con la Red de redes. El acuerdo en Túnez recupera dicha iniciativa y le confiere una gran centralidad porque, en vista de la expectación que había sobre ese tema, constituyó la decisión más relevante de la segunda fase de la Cumbre Mundial.

El Foro tiene, ya, un ambicioso temario: discutir diversas experiencias de uso de la Internet, servir de puente con y entre organismos inter-gubernamentales, asesorar a los sectores interesados en mejorar la disponibilidad de la Internet en el mundo desarrollado, identificar nuevos problemas, contribuir a mejorar la capacidad instalada para la gobernancia de la Internet en los países en desarrollo y varios etcéteras más. Quizá todos esos son puntos relevantes. Pero una vez más, el Foro corre el riesgo de difuminar sus esfuerzos si no se le dota de objetivos muy claros y, también, de recursos de toda índole.

La Cumbre en Túnez no precisó de qué manera el Foro podrá cumplir con tan ambiciosas cuan necesarias obligaciones. Simplemente le encomendó el seguimiento de todas esas decisiones a una comisión del Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC. Además se acordó que los directivos de las organizaciones que integran el sistema de Naciones Unidas crearán un grupo sobre la Sociedad de la Información con respaldo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esa decisión podría implicar el desplazamiento de la UIT como eje de las acciones de la ONU en este asunto. Hasta ahora dicha Unión ha sostenido posiciones fundamentalmente técnicas en temas que alcanzan implicaciones sociales y culturales y, en no pocas ocasiones, se ha identificado más con las posturas de las poderosas corporaciones privadas que manejan la telefonía y los medios de comunicación en buena parte del mundo que con el interés de las sociedades en esos mismos países.

 

Reivindicación de la

libertad y la privacía

La Cumbre enfrentó, aunque no resolvió, el tema del gobierno de Internet. Algunos comentaristas han señalado que el encuentro en Túnez quedó atrapado en una disputa entre el Norte y el Sur. El asunto fue más complejo. Por motivos muy distintos, la sustitución de la ICANN era requerida tanto por gobiernos dictatoriales como por regímenes democráticos. La reunión próxima en Atenas no alcanzará la enorme concurrencia ni las anchas expectativas que había alrededor de Túnez pero tiene el cometido de arribar a decisiones menos etéreas.

Otros temas quedaron relegados, o fueron desahogados sólo a golpes de retórica y declaraciones. La Cumbre asumió definiciones relevantes en beneficio de la libertad y la privacía en la Red de redes. El apartado 42 de la Agenda de Túnez señala: “Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad para buscar, recibir, dar a conocer y utilizar información, en particular para la creación, acumulación y diseminación del conocimiento. Afirmamos que las medidas que se emprendan para asegurar la estabilidad y seguridad de Internet, para combatir el cibercrimen y contrarrestar el spam, deben proteger y respetar las previsiones para la privacía y la libertad de expresión como están contenidas en los segmentos alusivos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de Principios de Ginebra”.

Palabras, sí, pero en ese caso importantes frente a la insistencia de varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, para supervisar los mensajes y contenidos que transitan por la Red de redes con el propósito de encontrar amenazas a la seguridad de sus países.

 

Radiodifusión: reclamo de

equidad y transparencia

A los medios convencionales –radio, televisión– los acuerdos de Túnez los entienden como instrumentos de educación aunque sin precisar cómo llegarían a cumplir con ese objetivo. La Agenda, en uno de los incisos de su apartado 90, hace una exhortación que puede entenderse como crítica al desempeño frecuente de tales medios: “Reiteramos nuestro llamado para el uso responsable y el tratamiento de la información por parte de los medios de acuerdo con los más altos parámetros éticos y profesionales”.

Acerca de las reglas para la radiodifusión, la Agenda da un paso adelante respecto de las definiciones asumidas dos años antes. La Declaración de Principios de Ginebra apuntaba que el espectro de radiodifusión debería ser manejado “con plena observancia de las leyes y la regulación nacionales, tanto como de los acuerdos internacionales aplicables”. Ahora, el apartado 96 de la Agenda recién aprobada subraya “la importancia de crear un ambiente regulatorio y de políticas confiable, transparente y no discriminatorio”. Y precisa que con tal propósito, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otros organismos regionales “deben dar pasos para asegurar el uso “racional, eficiente y económico de, y el acceso equitativo a, el espectro de radio-frecuencias por parte de todos los países de acuerdo con los acuerdos internacionales aplicables”.

Eso implica que la Cumbre admite la existencia de legislaciones nacionales para la radiodifusión –como la que se mantiene en México– que resultan contradictorias con los fines de equidad y no discriminación señalados tales principios.

 

Pobreza y conexiones,

defensa del software libre

Otro prejuicio que las declaraciones de Túnez buscan abolir es la suposición de que los esfuerzos de las naciones pobres para reducir la brecha digital resultan contrarios al combate a la desigualdad social. Con frecuencia todavía se dice que, antes que proveerla de computadoras y conexiones, a la gente hay que satisfacerle sus necesidades de medicinas y comestibles. Pero una política de combate integral a la pobreza tendría que tomar en cuenta todas las carencias. Por eso es pertinente que en su apartado 100 la Agenda de Túnez considere que las estrategias nacionales para el desarrollo de la sociedad de la información “deberían ser parte de los planes de desarrollo nacional, incluyendo las estrategias para reducir la pobreza”.

Un avance adicional es la definición que el Compromiso de Túnez hace acerca del software libre. Las empresas más relevantes en ese terreno, destacadamente Microsoft, han querido soslayar ese tema pero el apartado 29 indica: “Tomando en cuenta la importancia del software propietario en los mercados de los países, reiteramos la necesidad de alentar y fomentar el desarrollo colaborativo (de) plataformas inter-operativas y software libre y de fuente abierta…” Es decir, al software abierto y gratuito se le considera importante no sólo por sus atributos específicos sino por la dominación mercantil que ejercen los programas comerciales y de código cerrado.

 

Fracaso, deploran grupos

de la “sociedad civil”

A diferencia de la primera fase de la Cumbre en Túnez los grupos no gubernamentales que se muestran como la sociedad civil –cuya representatividad es muy variada de un país a otro– no se apresuraron a rechazar drásticamente los resultados del encuentro. Conforme se han involucrado en las deliberaciones y de esa manera con las posiciones de gobiernos, empresas y organismos internacionales, los grupos sociales adquieren una visión menos parcial de las realidades y dificultades que existen para enfrentar problemas globales como los que plantea la sociedad de la información. Quizá por ello cuando terminó la reunión en Túnez esos grupos anunciaron que se tomarían dos semanas para definir una posición sobre la segunda fase de la Cumbre. Finalmente requirieron un mes antes de dar a conocer el balance definitivo, que no ha sido complaciente aunque tampoco apocalíptico.

La “Declaración de la Sociedad Civil” acerca de la Cumbre en Túnez, expedida el 18 de diciembre de 2005, pone por delante las insuficiencias: “El amplio mandato para la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información era atender los viejos temas del desarrollo económico y social desde las nuevas perspectivas emergentes de las oportunidades y riesgos que plantean las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se esperaba que la Cumbre identificara y articulara nuevas posibilidades de desarrollo y paradigmas que fueran posibles en la Sociedad de la Información y para desplegar opciones de política pública para facilitar y realizar esas oportunidades. En términos generales, es imposible no concluir que la Cumbre ha fracasado para estar a la altura de esas expectativas, La fase de Túnez en particular, que había sido presentada como la ‘cumbre de soluciones’, no alcanzó logros concretos para atender significativamente prioridades de desarrollo”.

La Declaración de la Sociedad Civil cuestiona los insuficientes acuerdos en materia de financiamiento para abatir la brecha digital y en otros temas admite que hubo avances menores. La creación del Foro para el gobierno de Internet les parece adecuada a los grupos que respaldan ese documento pero les preocupa el incierto apoyo institucional que puede tener ese espacio el cual, subrayan, “debiera ser más que un sitio para dialogar”.

La Sociedad Civil que acudió a la Cumbre deplora la insuficiente atención que se dio al desempeño de los medios tradicionales. “Mientras que reconocen a los medios y la libertad de expresión, los documentos de la Cumbre son débiles para ofrecer apoyo al desarrollo de la diversidad en el sector de los medios y para evitar la creciente concentración y la uniformidad del contenido. Específicamente, descuidan la variedad de proyectos e iniciativas que son de especial valor para la Sociedad Civil y que requieren de un ambiente favorable: medios comunitarios, telecentros y medios apoyados en activistas y en la Sociedad Civil”.

A Túnez asistieron 6 mil 241 miembros de 606 organismos no gubernamentales. Esta ha sido la primera Cumbre internacional para la que se previó la participación formal de grupos no gubernamentales. Además de los avances o rezagos específicamente relacionados con la Sociedad de la Información, en la ruta que condujo a Ginebra y Túnez hay una experiencia que podría contribuir a revitalizar el sistema de Naciones Unidas con la presencia de voces distintas a las de los gobiernos y los funcionarios internacionales. Los grupos que participan en tales espacios tienen el reto de ser auténticamente representativos de la sociedad a nombre de la cual dicen hablar y, por otro lado, el desafío de adquirir mayor responsabilidad e institucionalidad sin por ello perder la vitalidad que los ha caracterizado.

 

Tres días de pasarela

de jerarquía ministerial

La Cumbre en Túnez, igual que dos años antes en Ginebra, tuvo una cara protocolaria en las sesiones plenarias y otra menos formal en los foros paralelos. Ocho sesiones plenarias, durante los tres días de la Cumbre, permitieron que por la tribuna central del amplísimo auditorio del Parque de Exposiciones se presentaran, como indicamos antes, 222 discursos. La mayor parte fue de representantes de gobierno y otros más de directivos de empresas y delegados de organismos sociales.

Había presidentes y primeros ministros: los de Croacia, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, Marruecos, Armenia entre otros. Pero la mayoría de las delegaciones gubernamentales fueron encabezadas por ministros o secretarios de Estado. Así, el Reino Unido fue representado por Alun Michael, Ministro de Estado para la Industria y las Regiones; la India por Dayanidhi Maran, ministro para las Comunicaciones y la Tecnología de la Información; España por José Montilla Aguilera, ministro de Industria, Comercio y Turismo; Italia por Lucio Stanca, ministro de Innovación y Tecnologías.

La mayoría de los países de América Latina le reconocieron la misma importancia a la Cumbre en Túnez. De Chile acudió Carlos Álvarez, ministro de Economía; de Argentina Tulio Del Bono, secretario de Estado para Ciencia y Tecnología; de Cuba Roberto Ignacio Gonzales Planas, ministro de Ciencia de la Computación y Comunicaciones; de Colombia Martha Pinto De Hart, ministro de Comunicaciones.

Junto a esos concurrentes, resultó notorio que la delegación de México estuviera encabezada por un funcionario de menor rango. El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Álvarez Hoth, sustituyó al titular de esa dependencia quien, a pesar de que su nombre aparecía como jefe de la representación mexicana, repentinamente decidió no asistir.

 

Desaire del gobierno

mexicano a la Cumbre

La ausencia en la Cumbre del secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, recibió varias explicaciones. En Túnez se comentó que había tenido que participar en la reunión del Foro de Cooperación Asia-Pacífico que se realizó en Corea pero no estuvo allí. En la ciudad de México la SCT dijo que Cerisola no participaba en la Cumbre de Túnez porque debía quedarse en el país para participar en la atención a las víctimas del huracán que semanas antes había golpeado varios estados del sur. Sin embargo durante los días en que se realizó la Cumbre no hubo actividades relacionadas con ese desastre, y que fueran visibles en los medios, en las que estuviese involucrado el titular de la SCT. A donde sí acudió Cerisola fue a Guadalajara, para anunciar la construcción del tren bala entre esa capital y la ciudad de México.

Esa obra será importante pero su anuncio podía haber esperado un par de días. Y si Cerisola estaba muy ocupado para ir a Túnez, el gobierno mexicano pudo haber estado representado por otro secretario de Estado. Todo parece indicar, simplemente, que el gobierno del presidente Vicente Fox decidió reconocerle a la Cumbre en Túnez tan escasa importancia que no envió, como jefe de su delegación, a un funcionario de nivel ministerial como hizo la mayoría de los países.

Por eso fue el subsecretario Álvarez Hoth quien participó a nombre de México en la asamblea plenaria de la Cumbre en Túnez. Su discurso alcanzó una duración inversamente proporcional a la jerarquía que tiene en el gobierno mexicano.

La alocución inaugural de la Cumbre, a cargo del secretario general de la ONU, Kofi Annan, ocupó 8 minutos y medio. El discurso del delegado de Cuba, el ministro González Planas, duró algo menos de 9 minutos. El representante chileno, el ministro Álvarez, habló apenas 6 minutos. El ministro Montilla, de España, menos de 5 minutos y medio. La ministra colombiana Pinto, 7 minutos. El estadounidense John Marburger, representante del presidente Bush, ocupó la tribuna durante 6 minutos y 12 segundos.

En cambio el representante de México habló durante casi 13 minutos –exactamente 12 minutos con 40 segundos–. No fue la intervención más extensa (unas cuantas la excedieron por unos algunos segundos). Pero en una asamblea en donde casi todos los participantes se ciñen a un tiempo promedio, la desmesura cronológica del subsecretario Álvarez Hoth fue manifiesta.

 

Engaños y complicidades

en lamentable alocución

Si ese tiempo el funcionario mexicano lo hubiese empleado para referirse a los temas sustantivos de la Cumbre, para hacer alguna aportación a los documentos básicos o establecer un compromiso relevante la extensión del discurso –que Álvarez Hoth, a diferencia de la gran mayoría de los delegados, no llevaba escrito en papel porque había preferido leerlo en el teleprompter que tenía delante suyo­– no habría sido tan notoria. Pero casi toda su alocución la destinó a ufanarse del desarrollo que, desde el punto de vista del gobierno mexicano, ha tenido el país en materia de telecomunicaciones. Ciertamente hay logros, pero la mayoría de ellos han sido fundamentalmente resultado del esfuerzo –y desde luego del afán de lucro– de las empresas privadas involucradas en ese sector. Aunque el gobierno mexicano ha carecido de una política nacional para impulsar a la Sociedad de la Información el subsecretario llegó a decir que, en este país, “más del 60% de la población tiene acceso potencial a las Tecnologías de Información y Comunicaciones por la vía comunitaria”.

A menos que el término “acceso potencial” sea un subterfugio para no admitir las brechas tecnológicas que sigue padeciendo la sociedad mexicana, esa frase del subsecretario fue una palmaria falsedad. También, entre otras más, la afirmación de que en México hay “un Observatorio de la Sociedad de la Información… con la participación de dependencias de gobierno, federales, estatales y locales, las cámaras y asociaciones, la academia en general y la sociedad civil en conjunto”. Quizá el subsecretario Álvarez Hoth no lo sabía, pero en esas fechas, y todavía seis semanas después de tan rimbombante anuncio, el “Observatorio” de esa índole al que remitía el portal del gobierno mexicano en Internet era el sitio de un grupo de prestigiados expertos… de Cataluña [1].

Los asistentes a la plenaria no advirtieron muchas de esas exageraciones. Uno tras otro, al cabo de varias horas los discursos parecían todos tan planos como las pantallas de televisión que abundaban en el salón de sesiones del conjunto Kram. Pero más de uno se sobresaltó cuando, traducido a cualquiera de las seis lenguas oficiales de la reunión, se escuchó el reconocimiento que Álvarez Hoth hacía al régimen y especialmente al presidente de Túnez: “deseo agradecer en nombre del gobierno de México al gobierno de Túnez y a su gente por la hospitalidad, al tiempo que felicito y los felicito por su apoyo a la libertad de expresión y por su compromiso manifestado el día de hoy con los derechos humanos tal y como fue expresado por el presidente Zine El Abidine Ben Alí”.

Innecesario y más allá de la obligada cortesía, ese cumplido del representante mexicano fue sorpresivo porque si con algo no se puede identificar al gobierno de Túnez es con el respeto a los derechos humanos.

Atropellos y censura

del gobierno tunecino

Años antes de esta Cumbre, numerosos organismos internacionales interesados en la defensa de las libertades ciudadanas protestaron por la designación de Túnez como sede de la segunda fase. El gobierno del presidente Ben Alí no decepcionó a quienes expresaron anticipada preocupación por el contrasentido que había al reunirse, para deliberar sobre la sociedad de la información, en un país en donde la información que la sociedad recibe se encuentra censurada.

Túnez es uno de los países en donde más se persigue a quienes tratan de ejercer las libertades de expresión e información. Hay casos de ciudadanos que han sido encarcelados simplemente por visitar sitios de Internet que el gobierno considera prohibidos.

Durante los días de la Cumbre, siete personajes de la sociedad tunecina cumplían un mes en huelga de hambre en protesta por restricciones como ésas. Entre ellos se encontraban Lofti Ají, presidente del Sindicato de Periodistas Tunecinos; Néjib Chabbi, dirigente del Partido Democrático Progresista y Ayachi Hammami, secretaria general de la Liga Tunecina de Derechos Humanos.

Durante la Cumbre, entre otros atropellos, el gobierno de Ben Alí impidió que el secretario general de la organización Reporteros sin Fronteras, Robert Ménard, bajara del avión que lo había conducido hasta Túnez.

Las reuniones plenarias de la Cumbre eran transmitidas por televisión para que los tunecinos vieran cómo su presidente se pavoneaba con gobernantes de todo el mundo. Pero cuando el presidente de Suiza, Samuel Schmid, aludió a represalias como las que se padecen en Túnez, su discurso fue censurado. El gobernante suizo había dicho: “Es inadmisible que la ONU todavía tenga miembros que hostigan o encarcelan a sus ciudadanos y ciudadanas porque los critican en Internet. La libertad de manifestar las propias opiniones debe ser respetada. Todos debemos tener la posibilidad de expresar libremente nuestros puntos de vista. Esta es una de las condiciones cruciales para que esta conferencia llegue a buen término…” En ese momento la imagen y la voz de Schmid desaparecieron de las pantallas de televisión en Túnez.

Los abusos fueron tantos que al final de la reunión docenas de organismos sociales le enviaron a Kofi Annan, secretario general de la ONU, una preocupada carta en donde reclamaron: “Esta semana en Túnez, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, tanto dentro como fuera de la Cumbre oficial hemos presenciado serios ataques a los derechos humanos y al derecho a la libertad de expresión. Esos ataques han incluido hostigamiento a delegados, asaltos a periodistas y defensores de los derechos humanos tunecinos e internacionales, rechazo a la entrada al país, el bloqueo de sitios web, la censura de documentos y discursos y el impedimento y la interrupción de reuniones”.

En esas condiciones, aplaudir al presidente de Túnez por su “compromiso con los derechos humanos” como hizo el subsecretario mexicano Álvarez Hoth era expresión de profunda ignorancia o, quizá, de repentino sarcasmo.

 

El ordenador de 100 dlls.

y el enérgico Kofi Annan

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Los espacios paralelos a la reunión plenaria fueron más atractivos pero, sobre todo, más diversos. La señalización, en pocos idiomas o en ninguno, no ayudaba a los delegados. Millares de ellos se extraviaban en los pasillos del recinto de exposiciones sin encontrar el evento al que debían asistir y, en muchos casos, resignándose a presenciar las mesas redondas que les tocaran en suerte.

 


Sin duda uno de los acontecimientos más buscados y publicitados fue la presentación de la computadora de 100 dólares que Nicholas Negroponte, estrella de la Sociedad de la Información y fundador del Laboratorio de Medios del Instituto de Tecnología de Massachussets, presentó acompañado del secretario general de la ONU. “Una laptop para cada niño” es el lema de ese esfuerzo que pretende fabricar, en breve, 15 millones de tales ordenadores mediante convenios con Brasil, China, Egipto, Tailandia y Sudáfrica. Vistosa y prometedora, la pequeña máquina verde que mostró Negroponte aún tiene limitaciones como los programas que utilizaría, la conexión a Internet, la actualización que recibirá cuando sea tecnológicamente obsoleta y la generación de energía para hacerla funcionar. La fuente de poder de la pequeña laptop es una manivela de plástico que se gira para generar electricidad. El día de la demostración en Túnez, desprevenido, el honorable Kofi Annan le dio vueltas a la manivela con tanto entusiasmo que la rompió.

 

***

Había de todo en los eventos paralelos a la Cumbre. Deambulando por ellos era posible localizar el vistoso Foro de los Radiodifusores en donde el canadiense y belga Derrick De Kerckhove, autor de La piel de la cultura, explicaba el sentido actual que tiene el pensamiento pionero de Mashall McLuhan. O se podían escuchar disertaciones sobre la brecha digital en Guatemala, el empoderamiento tecnológico de las mujeres, el atraso informacional de los pueblos indios, las opciones jurídicas del comercio electrónico, las comunidades conectadas de manera inalámbrica, la transición a la sociedad del conocimiento, el activismo y los medios comunitarios, las libertades y limitaciones para la expresión en el mundo árabe, la democracia electrónica, el software abierto, las posibilidades de conexión en África, la enseñanza y la Internet…

El otro acontecimiento en los eventos paralelos a la Cumbre fue el panel sobre “Cultura digital libre en el Mediterráneo” en donde coincidieron Richard Stallman, el mítico y barbudo creador del movimiento GNU por el software libre y el músico Gilberto Gil, que es además ministro brasileño de Cultura de Brasil. Stallman había recibido un premio que otorgan varias instituciones de Italia. Gil llevaba una guitarra y, ya en la efervescencia delante de sus muchos admiradores, se pusieron a cantar juntos.

Ese fin de fiesta será el que prefieran recordar no pocos de los asistentes a Túnez, en donde la densidad de los documentos fue menos visible que el encuentro de millares de interesados, profesionales, apasionados, próceres, promotores y vividores de la Sociedad de la Información. Hay quienes ya se preparan para el Foro en Atenas. Pero mientras sus apologistas e interesados deliberan, a las nuevas tecnologías de la comunicación se las sigue aprovechando de manera desigual e insuficiente. El intercambio de experiencias y perspectivas, la concurrencia alrededor de temas compartidos, la deliberación y hasta la confrontación y la fraternidad que se construyen en tales reuniones son seguramente útiles. Pero si, en términos específicos, nada hubo para nadie en Túnez, es hora de preguntarse si resulta pertinente que, tanto, haya servido para casi nada.

–0–

 

[1] Bajo el título “Observatorio de la Sociedad de la Información” el portal e-México ha alojado el domicilio http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Observatorio_para_la_Ciersociedad que conduce al “Observatorio para la Cibersociedad” el cual, apoyado por la Generalitat de Catalunya, reúne el trabajo de especialistas que nada tienen que ver con el gobierno de México.

Sociedad de la información. 2003: la cumbre en Ginebra.

Publicado en Telos número 59. Madrid, abril-junio de 2004.

Nadie consiguió todo lo que quería; nadie impuso tanto como pretendía. De esa manera pueden sintetizarse los resultados de la primera fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) que se reunió en Ginebra entre el 10 y el 12 de diciembre de 2003. Organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con intensa participación de otros organismos como la UNESCO ese encuentro, que formalmente estaba destinado a reunir a jefes de Estado, fue el eje de una inusitada concentración de millares de personas, de todas las latitudes, interesadas en los efectos sociales de las nuevas tecnologías de la comunicación.

   Más de 11 mil personas acudieron hasta el Palexpo de esa ciudad suiza. Cuatro de cada 10 eran miembros de delegaciones gubernamentales de 176 países. Más de 3 mil 300, representaron a 481 ONG’s. Casi un millar fueron enviados por más de 600 medios de comunicación.

   Convocada por decisión de la Asamblea General de la ONU, la Cumbre en Ginebra tuvo la peculiaridad de acoger a delegados de la sociedad civil y de estar precedida por un intenso proceso de acercamientos y deliberaciones.  Además de su agenda oficial, que fue discutida hasta unas horas antes de la sesión inaugural, hubo espacios para que se conocieran las propuestas de centenares de agrupaciones de todo el mundo. Desde un par de días antes de la inauguración formal y durante toda la Cumbre hubo una exposición con pabellones de 250 países, empresas y organizaciones, así como centenares de foros y mesas redondas. En algunos momentos se realizaron más de 40 eventos simultáneos.

   El proceso anterior a la Cumbre incluyó cinco conferencias regionales (en Mali, Rumania, Japón, República Dominicana y Líbano), tres reuniones preparatorias en Ginebra (la última de las cuales sesionó en cuatro periodos) y una intensa propagación, en muchos de los países, acerca de los propósitos de ese evento.  Allí se encuentra uno de los aspectos más destacados de la CMSI. El solo hecho de haber propagado globalmente el tema de la sociedad de la información constituyó un reconocimiento necesario a la importancia de los nuevos medios.

 

Enfoques e intereses discrepantes

   Durante año y medio, la preparación de la Cumbre puso en evidencia las numerosas tensiones que existen alrededor del tema de la información. Gobiernos, empresas y ONG’s, entablaron un intercambio a menudo ríspido, pero con reglas, gracias al cual pudieron precisarse puntos de coincidencia y sobre todo, temas en los que no hay acuerdos. Esos contrastes se manifiestan en los documentos de Declaración de Principios y Plan de Acción que son el resultado formal de la reunión de diciembre en Ginebra [1].

   Las coincidencias se hallan fundamentalmente en el terreno de las declaraciones. Todos admiten la relevancia de la Sociedad de la Información e incluso, todos reconocen que está entretejida por numerosas insuficiencias y disparidades. Pero al momento de llegar a un diagnóstico más fino las diferencias de enfoque terminan con la unanimidad. La brecha digital, por ejemplo, es entendida por los gobiernos de muchos de los países más pobres y por numerosos organismos sociales como expresión de la desigualdad económica internacional.

   El frente que articularon las ONG’s consideró en su balance de la Cumbre: “Las reglas de juego internacionales desempeñan un papel fundamental en la economía mundial de la información. En los últimos años, los gobiernos han liberalizado los tradicionales regímenes regulatorios internacionales para las telecomunicaciones, el espectro de radiofrecuencias y los servicios por satélite, y han establecido nuevos acuerdos multilaterales para el comercio internacional en los servicios, la propiedad intelectual, la ‘seguridad de la información’ y el comercio electrónico. Al mismo tiempo, diversos grupos comerciales han creado una amplia variedad de disposiciones ‘autorregulatorias’ relativas a los identificadores de Internet (nombres y números), su infraestructura y su contenido. No es aceptable que estos marcos de gobierno mundial y otros relacionados sean diseñados por y para pequeños grupos de poderosos gobiernos y empresas, y posteriormente sean exportados a todo el mundo como hechos consumados. En vez de ello, deben reflejar las diversas opiniones e intereses de la comunidad internacional en su conjunto” [2].

   En cambio, para los directivos de empresas que acudieron a la Cumbre las tecnologías de la información y la comunicación pueden cambiar la vida de la gente en todo el mundo, “pero no se puede solamente tronar los dedos y tener una sociedad de la información. Se requiere inversión, creatividad e innovación –todas las cosas que las empresas hacen mejor–. Y las empresas están listas para hacer esas inversiones. Para ello, necesitamos trabajar con los gobiernos a fin de crear las condiciones necesarias para la inversión. Entre esas condiciones están: protección a los derechos de propiedad intelectual; sistemas jurídicos estables y predecibles; liberalización del comercio; neutralidad tecnológica y un marco regulatorio que promueva la competencia y aliente el espíritu empresarial”. Eso dijo Richard D. McCormick, presidente de la Cámara Internacional de Comercio, que habló en la plenaria de la Cumbre a nombre del Comité de Interlocutores Empresariales que crearon las compañías privadas que acudieron a ese encuentro [3].

 

Gobierno y solidaridad digitales

   La disparidad entre esas posiciones es muy clara. En donde las empresas decían derechos de propiedad intelectual, las organizaciones no gubernamentales postulaban acceso social al conocimiento; cuando las empresas pedían leyes capaces de garantizar sus inversiones, las ONG’s sugerían que el marco reglamentario debe respaldar la propagación universal de la tecnología; ante la liberalización del mercado de nuevas tecnologías, demandaban acceso de todas las personas a esos recursos de comunicación e información; ante el mencionado principio de neutralidad, sostenían que ninguna tecnología es neutra en lo que toca a sus efectos sociales.

   Así, en cada rubro, la diferencia de enfoques –y por lo tanto de intereses y convicciones– planteaba prospectivas distintas para el desarrollo global de estas tecnologías. Gobiernos como el de Estados Unidos respaldaron las posturas empresariales, en tanto que algunos de los gobiernos de África y América Latina estuvieron más cerca de las posiciones reivindicadas por las ONG’s.

   Definidos por esas tensiones, los resultados más importantes de la Cumbre fueron todos consecuencia de negociaciones en donde nadie impuso toda su agenda, al mismo tiempo que nadie se fue con las manos vacías.

   La propuesta para crear un Fondo de Solidaridad Digital que, alimentado por contribuciones privadas y de las naciones más prósperas respalde el desarrollo de las TIC en los países más pobres, quedó solamente en una recomendación para que aumente el monto de la asistencia social internacional. Pero se anunciaron aportaciones voluntarias, con recursos de empresas privadas y de gobiernos europeos, para proyectos de esa índole.

   Las peticiones para crear un organismo regulador de la Internet fueron remitidas a una comisión especial que deberá ser instalada por el secretario general de las Naciones Unidas para estudiar ese problema.

 

Túnez 2005, la próxima etapa

   Esos y el resto de los temas ventilados en Ginebra serán discutidos de nuevo en la segunda y última fase de la Cumbre que se realizará en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005.

   El solo hecho de encontrarse con colegas de todo el mundo, que comparten intereses similares, propició que muchos de los asistentes reconocieran que valió la pena ir a Ginebra en diciembre pasado. Esa sola coincidencia permitió reconocer que el de la información y la comunicación y especialmente la presencia de la Internet, son temas cuya relevancia es entendida en todo el planeta. Pero cada quien los juzga según el color del cristal con que los mira.

   Hace ya más de un cuarto de siglo se reconocía que gracias a la propagación de la información teníamos un solo mundo y muchas voces. De la misma manera ahora hay que admitir que respecto de ese tema contamos, en un planeta crecientemente comunicado, con un gran problema –la disparidad en el acceso y la heterogeneidad de contenidos– y, acerca de él, también muchas voces.

   Habrá que esperar al encuentro de Túnez para saber en qué medida la algarabía de expresiones e intereses que circulan a propósito de la información puede traducirse en decisiones capaces de beneficiar a las grandes mayorías del planeta.

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[1] Los documentos finales de Declaración de Principios y Plan de Acción se encuentran en: http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=es&id=1161|1160

 [2]Declaración de la sociedad civil : Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas”: http://www.geneva2003.org/wsis/documents/summit/WSIS-CS-Decl-08-12-03-sp.pdf

 [3] “The final business statement. WSIS Geneva, speech by Richard D. McCormick. Final Plenary, World Summit on the Information Society:  http://www.itu.int/wsis/geneva/coverage/statements/ccbi/s10.doc

 

Información: diagnósticos, discrepancias, deliberaciones

Publicado el 1 de junio de 2003 en La Crónica de Hoy y otros diarios

Apenas a tiempo para ser consideradas en las propuestas que México llevará a las reuniones preparatorias de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información a fines de este año en Ginebra, la Conferencia Internacional que organizó el Senado de la República recogió numerosas, sugerentes y variadas propuestas. Con presencia de varios centenares de participantes y difundida en vivo por el Canal del Congreso –a cuyos números telefónicos los televidentes de los estados podían enviar comentarios y preguntas– la Conferencia realizada entre el miércoles y el viernes de esta semana buscó contribuir a ubicar el tema de las nuevas tecnologías de la información en la agenda de los asuntos nacionales.

   La importancia que ya se le reconoce al desarrollo de la Internet y los nuevos medios se advierte en el interés que suscitó entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Los senadores Dulce María Sauri del PRI, Demetrio Sodi del PRD y Javier Corral del PAN –este último titular de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que organizó la Conferencia– presentaron sendas ponencias que coincidieron en la preocupación por la insuficiente relevancia que hasta ahora había tenido, en el mundo político mexicano, el debate sobre la sociedad de la información.

   El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Diego Fernández de Cevallos, acudió a la Conferencia para comprometerse a que sus conclusiones sean atendidas por el presidente de la República cuando se defina la posición del Estado mexicano ante la Cumbre de Ginebra. El día de la inauguración el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, había considerado que las políticas públicas sobre asuntos como el que se discutió en el patio central del Senado tienen que reconocer la participación de la sociedad. 

 

Conferencia internacional

   El contexto para deliberar la posición de México en la Cumbre Mundial pero sobre todo para definir qué es preciso hacer en nuestro país en la ruta de un desarrollo nacional de la informática y la comunicación, lo establecieron los conferencistas internacionales.

   El prestigiado profesor Armand Mattelart de la Universidad de París, cuya experiencia e influencia en la comunicación latinoamericana es ampliamente conocida, no solo ofreció una espléndida conferencia sobre la pertinencia de entender a la sociedad de la información como una sociedad de los saberes para todos y por todos. Además, con disciplina y generosidad, estuvo presente los tres días de sesiones acompañado de su esposa Michelle, también investigadora de los medios y la cultura en las sociedades contemporáneas.

   El doctor Alejandro Piscitelli de la Universidad de Buenos Aires, autor de libros fundamentales para entender el desarrollo de las ciberculturas y fenómenos recientísimos como las llamadas empresas “punto-com” que surgieron y fracasaron debido a una apreciación demasiado voluntarista del auge de la Internet, ofreció una conferencia sobre la nueva economía.

   La periodista británica Sally Burch, directora de la Agencia Latinoamericana de Información, presentó un enterado inventario de las medidas que se pueden tomar para defender la libertad de expresión y auspiciar la participación de la sociedad en las nuevas redes de información.

   El doctor Bert Hoffmann del Instituto Iberoamericano de Hamburgo, autor de una cuidadosa investigación sobre la Internet en varios países latinoamericanos, describió las posibilidades (pero también los riesgos) de las nuevas tecnologías respecto de las economías de naciones como la nuestra.

   El consejero regional de la Unesco, Alejandro Alfonzo, describió las líneas principales de la Cumbre Mundial cuya primera fase tendrá lugar en diciembre próximo en Ginebra. Una segunda reunión se realizará en noviembre de 2005 en Túnez. Por su parte el colombiano Santiago Reyes Borda, actualmente asesor del Ministerio de Industria de Canadá, explicó el desarrollo de la Internet en ese país norteamericano.

 

Variadas voces nacionales

   Esas conferencias a cargo de invitados extranjeros, fueron complementadas con intervenciones de especialistas mexicanos en seis paneles. Jaime Chico Pardo, director general de Teléfonos de México; los consultores en asuntos informáticos Ricardo Zermeño y Enzo Molino y senadores de los tres partidos nacionales, estuvieron entre los panelistas.

   Del campo académico hubo profesores de la UAM como Scott Robinson y Antulio Sánchez; Kiyoshi Tsuru y Jorge Navarro del ITAM y Ernesto Piedras, del CIDE. De la UNAM participaron, entre otros, el profesor Víctor Flores Olea, el maestro Jorge Alberto Lizama y el director de Cómputo Académico Alejandro Pisanty. También estuvo Adolfo Dunayewish, de la organización civil La neta que se ha interesado en el uso ciudadano de la red de redes.

 

Ausencias y relevos

   Se habían comprometido a participar el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Jorge Arredondo, y el director del programa e-México, Julio César Margáin. Unas horas antes de la Conferencia los dos avisaron que no acudirían. Es deplorable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la cual dependen esos dos funcionarios, haya querido ignorar a la Conferencia.

   A ese desdén, los organizadores respondieron con astucia política. Los sitios que dejaron libres Margáin y Arredondo fueron ocupados por dos especialistas con un intenso y directo conocimiento de las nuevas tecnologías de la información.

   Uno de ellos es Javier Lozano Alarcón, que en el gobierno anterior fue presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y subsecretario de Comunicaciones y Transportes y que, dedicado hace algunos años a la consultoría privada, recientemente fundó el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.

   El otro invitado que a pesar de haber sido convocado a última hora llegó con una presentación repleta de experiencia y sugerencias fue don Carlos Casasús, que en años pasado también fue subsecretario de Comunicaciones y presidente de la Cofetel y que actualmente dirige la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet.

   Hubiera sido muy útil que los actuales responsables del desarrollo informático del país explicaran, ante un auditorio enterado e interesado, las características de los proyectos que tienen para incorporar a México a la sociedad de la información. Sin embargo, en el plano de las propuestas y el debate, la participación de Casasús y Lozano fue muy gratificante.

   A diferencia de la postura de la SCT la Secretaría de Relaciones Exteriores, que representa a nuestro país en los preparativos de la Cumbre de Ginebra y Túnez, manifestó una reconocible actitud de apertura. Además del titular de la SRE que estuvo en la ceremonia inaugural, en la última sesión participó con una ponencia el doctor Salvador de Lara Rangel, Director General de Negociaciones Económicas Internacionales de esa Secretaría.

  

Encandilamiento tecnológico

   En la relatoría de la Conferencia Internacional se reconoce que, en las sociedades contemporáneas, la información no basta. De hecho, su exuberancia llega a ser un problema adicional a los que significa el marginamiento respecto de los cauces de difusión más abundantes en datos y opciones. Darle respuesta y contenido a esa preocupación es tarea de las sociedades y los Estados.

   Al explicar a la Sociedad de la Información se entremezclan el diagnóstico y el pronóstico. En las sesiones de la Conferencia se recordó la definición de los documentos preparatorios para la Cumbre de Ginebra: “Es una nueva forma de organización social, más compleja, en la cual las redes TIC más modernas, el acceso equitativo y ubicuo a la información, el contenido adecuado en formatos accesibles y la comunicación eficaz deben permitir a todas las personas realizarse plenamente, promover un desarrollo económico y social sostenible, mejorar la calidad de vida y aliviar la pobreza y el hambre”.

   Como delante de otros recursos de información, con estos que ofrecen las nuevas tecnologías corremos el riesgo de quedar atrapados por el encandilamiento y el sobredimensionamiento que produce su influencia. El doctor Mattelart señaló en su disertación que “el enfrentamiento no es entre tecnófilos y tecnófobos sino entre mesianismo tecnoglobal y apropiación de las técnicas en cada sociedad”.

 

Defensa del espacio público

   Mattelart mismo se había referido a las connotaciones geopolíticas de la Sociedad de la Información. Antes, en la inauguración de la Conferencia el Rector General de la UAM, Luis Mier y Terán, deseó: “Todos los países debemos tener garantizado el acceso a la información pero, además y sobre todo, tendremos que tener garantizado el acceso a la palabra”. Con afán similar Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información, propuso “rescatar el sentido de lo ‘público’: lo que no es ni del Estado ni de lo privado… (la) esfera o espacio donde la ciudadanía en sus diversas expresiones pueda intercambiar ideas, debatir sobre modelos de sociedad, fiscalizar el manejo de poderes y tener un acceso transparente a la información que concierne a la comunidad”. Ese ámbito plural de la comunicación, dijo Burch, ha de ser garantizado por políticas públicas.

   Anhelos y políticas entremezclados, a la Sociedad de la Información se le reconoció como espacio de bienaventuranza pero también territorio de riesgos tan grandes como las oportunidades que ofrece. En el inicio de las sesiones el legislador Javier Corral Jurado indicó que “el Senado de la República tiene interés en que haya un rostro humano de las tecnologías de la información y de la comunicación”.

   De la manera como se le moldee, con políticas públicas, acciones legislativas y según la concertación social que se logre, dependerá la humanidad o brutalidad que tengan los rostros de esta Sociedad de la Información. Alfonzo, de la Unesco, se apoyó en la Declaración de Bávaro, que forma parte de los materiales que alimentan la discusión rumbo a Ginebra, para decir: “La sociedad de la información es un sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso”.

   Otras voces en la Conferencia amalgamaron reivindicaciones sociales y subrayaron diferencias políticas con las concepciones imperantes en la discusión y, en vez de Sociedad de la Información, prefirieron hablar de “Derecho humano a la comunicación”. En un comunicado dirigido a la reunión por 14 organizaciones sociales y 9 ciudadanos interesados en el tema, se plantea que ese derecho sea “garantizado a todos los miembros de la población, incluyendo en esto su participación activa, incluso en la producción de contenido, y el derecho a la propiedad de los medios para transmitir tales contenidos”.

 

Brecha, software y futuro

   En la Conferencia se habló, y surgieron numerosas propuestas, acerca de las medidas pertinentes para abatir la brecha entre quienes tienen acceso y aquellos que siguen apartados de las nuevas tecnologías de la información, se discutieron medidas para utilizar esos recursos en la educación, se dedicaron varias horas a evaluar los riesgos a las libertades y la posibilidad de emprender acciones técnicas y jurídicas para preservar el derecho a la expresión en las redes informáticas. En su relación con la economía se hicieron recomendaciones para impulsar la industria informática y especialmente la producción de contenidos y software nacional.

   El método para procesar esas sugerencias y la participación de sectores muy variados en la Conferencia que organizó el Senado podrían ser emblemáticos de la Sociedad de la Información que es posible construir: con una deliberación enterada y abierta, logrando que la posición mexicana en Ginebra represente el interés de la sociedad y no únicamente las apreciaciones gubernamentales y propiciando que a estos temas se les confiera la importancia que tienen en el diseño de la sociedad, la economía y la cultura del país.

  

ALACENA: Luis Suárez

Cronista del cambio político en México, fundador de organizaciones de periodistas, hombre de convicciones antimperialistas y colaborador de numerosos medios, Luis Suárez murió ayer a los 85 años.

   Nació en España donde fue capitán de milicias en la guerra civil. De su llegada a nuestro país y de las simpatías que conservaría toda la vida escribió en su libro más reciente: “Por obvias razones de gratitud y afinidad política –arribé a puerto mexicano el 13 de junio de 1939, en el oleaje de refugiados españoles derrotado en la prebatalla antifascista de la Segunda Guerra Mundial– me siento identificado, como nuevo mexicano, con la obra y la política de Lázaro Cárdenas. En General, que escrito con mayúsculas ya no requiere nombre ni apellido, no sólo me abrió, como a miles, las puertas de México; también, y como a muchos, las de su familia”.

   Eso escribió Suárez en la presentación de su libro Cuauhtémoc Cárdenas. Política, familia, proyecto y compromiso que apareció hace tres meses. En otras obras dejó testimonio de sus convicciones y afinidades: Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanzas (1976); Echeverría rompe el silencio (1979); Petróleo: ¿México invadido? (1981), entre otros.

   Colaborador de docenas de publicaciones -entre ellas, durante largo tiempo Siempre! y Excélsior–, hizo durante 17 años el programa de televisión Luis Suárez en el Once. Hace casi tres décadas participó en la fundación de la Unión de Periodistas Democráticos, fue directivo en la Organización Internacional de Periodistas y desde hace varios años presidía la Federación Latinoamericana de Periodistas.

   En numerosos foros Luis Suárez pugnó por la apertura de los medios de comunicación. En su libro más reciente apuntó: “La información es un instrumento de y para la gobernabilidad, pero no sustituye las diferencias, y menos elimina las desigualdades sociales. Ha de servir para la más consciente participación ciudadana. Pero se ha convertido en un elemento del poder que los verdaderos poderes apetecen para consolidarse sobre las diferencias de clase”.

Fiasco en Ginebra

Publicado el 17 de diciembre de 2003 en La Crónica y otros diarios

La participación mexicana en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información fue un verdadero fiasco. La ausencia de una auténtica política de Estado para impulsar en nuestro país el desarrollo de las redes informáticas así como la frecuente colusión del gobierno con los intereses privados en los campos de la radiodifusión y las telecomunicaciones, impedían que la representación mexicana tuviera una participación tan intensa y propositiva como las de otros países latinoamericanos. Al haber designado al secretario de Comunicaciones y Transportes para encabezar la delegación mexicana el gobierno subrayó el escaso interés que le suscitaba la Cumbre en Ginebra. Sin embargo la participación de Pedro Cerisola fue más modesta y trivial de lo que pudo haberse supuesto.

   Al titular de la SCT le correspondió hablar ante la plenaria de la Cumbre el viernes por la mañana, en el último día de sesiones. Las condiciones no eran, ciertamente, las mejores. La reunión había comenzado a las 9 de la mañana, Cerisola tenía el quinto turno para hacer su intervención –después de los representantes de Mongolia, Brunei, Tailandia y Jamaica–, el enorme auditorio del Palacio de Exposiciones estaba semi vacío y muchos de los pocos asistentes estaban fatigados después de varios días de trabajo.

   Aun así el secretario mexicano pudo haber aprovechado mejor sus siete minutos al micrófono, que fue lo que duró la retahíla de obviedades que conforma su discurso. A diferencia de la mayor parte de los mensajes que se dijeron en esa tribuna y que ofrecían datos, relataban avances o describían las políticas que cada país emprende para acercar las redes digitales a los ciudadanos, el discurso de Cerisola carecía de cualquier información así como de la más elemental prospectiva.

   Ese mensaje estuvo dedicado a explicar que el desarrollo de las telecomunicaciones tiene que entenderse de acuerdo con la historia de cada país. También se dijo que como en México la privatización de dicho sector ocurrió sin que esas modalidades de comunicación tuvieran cobertura plena, el país experimenta rezagos importantes.

   Cerisola hizo, allí, una observación que pareciera ser crítica: “Después de 13 años de privatización y apertura a la competencia de los servicios locales y 7 años de liberalización de los servicios de larga distancia, en razón de leyes de mercado, económicas y de industria, las acciones no se han orientado a expandir las redes en las zonas marginadas, donde mayores beneficios sociales podrían reportar, y donde la brecha digital tiene su origen…”

   Aparentemente en esa larga y enredada frase hay un cuestionamiento al desempeño de Teléfonos de México. Sin embargo el lenguaje del secretario fue demasiado ambiguo. Más tarde reconoció: “la atención de nuestras necesidades particulares no se resuelven por las simples fuerzas del mercado y requieren ser atendidas, con especial énfasis, demandando un enfoque de políticas públicas responsable y comprometido”.

   Para quien no conociera la situación de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México esa sería una afirmación aceptable. Pero frente a la realidad de nuestro país resulta ser una posición esquizofrénica. En pocas áreas como esas el Estado y especialmente el gobierno mexicanos se han encontrado particularmente ausentes. No solo no hay políticas para un desarrollo con sentido público de las redes telefónicas, la Internet y especialmente la televisión y la radio.

   Lo peor ha sido que cuando la SCT ha tenido alguna política específica es para congraciarse con el interés de los empresarios de esas industrias. Hoy mismo, en contradicción con el espíritu de la Cumbre a la que acudió hace pocos días y cuyos documentos básicos él mismo votó, el secretario Cerisola ha emprendido una impolítica persecución contra varias radiodifusoras comunitarias.

   Así, en tanto muchos de los representantes nacionales se afanaban para ofrecer aportaciones conceptuales sobre la sociedad de la información o se comprometían con proyectos como el fondo de solidaridad digital internacional o la nueva figura administrativa que se diseñe para el gobierno de la Internet la participación mexicana, a través del secretario Cerisola, era de un perfil injustificablemente mortecino.

   No necesariamente tendría que haber sido así. Durante varios meses, en la difícil operación para confeccionar los documentos oficiales de la Cumbre, la representación de México estuvo a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una semana antes del encuentro en Ginebra esa dependencia presentó en la ciudad de México un documento de posición mexicana que fue enriquecido con aportaciones de varias docenas de organismos sociales e interesados en el tema. Se dijo que dicho documento estaría disponible en el domicilio de la SRE en Internet pero ayer era inencontrable en ese sitio web.

Derechos, delitos y libertades en Internet

DERECHO, DELITOS Y LIBERTADES EN INTERNET  [1]

I. DE LA ESPONTANEIDAD ORIGINARIA AL ESBOZO DE UN GOBIERNO EN LAS REDES

Desde que surgió hace ya dos décadas, Internet parece haberse desarrollado por un cauce distinto, y a veces contrapuesto, al de las disposiciones jurídicas -al menos tal y como se las conoce habitualmente–. Los estudiantes y profesores universitarios que Ie confirieron el espíritu lúdico y el trato informal que definió a la red de redes en sus primeros tiempos tenían escaso interés en establecer normas que podían rigidizar, limitándolo, el espacio libre en el que pronto se convirtió Internet. Cuando se hizo necesario tener algunas reglas para ordenar al tráfico de mensajes y evitar conflictos entre sus autores y destinatarios, se prefirieron los códigos de comportamiento ético.

   La asignación de domicilios en la red, que en sus inicios nadie pensó que llegaría a convertirse en fuente de enormes negocios y de célebres litigios, fue encomendada a una institución privada respaldada con fondos del gobierno estadounidense. Así fue como se determinaron los domicilios en las áreas mas conocidas (.com, .gob, .edu, .net, .org, para los sitios comerciales, gubernamentales, educativos, relacionados con la red y de organizaciones civiles). Luego, en cada país los promotores de Internet, casi siempre instituciones académicas, se encargaron de conceder el derecho a empIear domicilios, como el que en México se conoce por la terminación .mx .

   No hacía falta mayor regulación. Pero a medida que ganó presencia social y cultural y sobre todo una significativa influencia económica, en Internet menudearon los conflictos y, para algunos de sus usuarios, especialmente en los gobiernos, la sensación de que hacían falta reglas peculiares para ordenar el disperso universo de mensajes y espacios que es Internet, lo mismo en el empleo de recursos como el correo electrónico que en el sitio de sitios que constituye la WWW, la red electrónica mundial. A fines de 1998 se constituyo Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Corporación Internet para Nombres y Números Asignados) que registra domicilios y autoriza nuevas denominaciones de dominios, entre otras tareas. La ICANN tiene un Consejo Directivo encabezado por la estadounidense Esther Dyson e integrado par una veintena de representantes de distintas comunidades y grupos de interés relacionados con Internet, en todo el mundo [2]. Esa institución es lo más parecido que existe a un “gobierno” de Internet.

II. DEMOCRACIAS AVANZADAS Y DICTADURAS COINCIDEN AL TRATAR DE CENSURAR A LA RED

Los otros gobiernos, los que encabezan y orientan a los estados nacionales, han considerado que la red de redes se les escapa de las manos –y en  buena medida así ocurre– y desde hace varios años han querido regularla. Significativamente, los principales intentos para establecer leyes específicas a fin de moderar el ejercicio de las libertades en Internet han ocurrido en países singularizados, al menos en el discurso publico prevaleciente en ellos, por el respeto a los derechos individuales y sociales y por otra parte, en países represivos y dictatoriales.

   En los Estados Unidos, a comienzos de 1995, el congresista James Exon presentó una iniciativa para castigar la propagación de materia! “obsceno, lúbrico, lascivo, asqueroso o indecente” a través de Internet. El problema principal de esa propuesta era su ambigüedad. Cada quien podría juzgar, de acuerdo con sus propios parámetros, la obscenidad o lubricidad. Pero la posibilidad de sancionar contenidos por decisión discrecional de algún juez abría la puerta para una censura no solo moral sino también ideológica y política.

   El 1o. de febrero de 1996 el Congreso estadounidense aprobó la iniciativa del senador Exon, que había sido incorporada a una nueva Ley de Telecomunicaciones [3]. De inmediato, varios grupos de usuarios de Internet presentaron recursos legales contra esa disposición y se inició un litigio que duraría más de un año.

   En junio de 1997, la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió que las enmiendas al Acta de Telecomunicaciones relativas a Internet atentaban contra la libertad de expresión, y por lo tanto eran anticonstitucionales. Para entonces el diferendo había pasado por varias instancias legales. Los grupos de activistas por las libertades en Internet, especialmente de la Fundación Fronteras Electrónicas [4], habían desplegado una intensa labor no solo en el terreno de la propaganda sino, también, de carácter didáctico. En Filadelfia y Nueva York tuvieron que Ilevar a las cortes federales varias computadoras para mostrar a los jueces qué es Internet y por qué las restricciones a las libertades en la red tenían implicaciones graves. Las salas de esos tribunales de pronto se convirtieron en escuelas activas en donde los solemnes jueces se pasaron varias horas divirtiéndose con los hallazgos de toda índole que lograban en la red de redes. Además de definitorios votos que harían posible el triunfo de su causa, esos defensores de las libertades en Internet consiguieron adiestrar a varios nuevos cibernautas.

   En la Unión Europea y en mucha menor medida en América Latina, también se han conocido intentos para legislar los contenidos en Internet.  Por lo general, frente al interés de los gobiernos para establecer controles, los usuarios más conspicuos de la red de redes han insistido en que el carácter abierto de Internet implica riesgos, entre ellos la propagación de contenidos ofensivos al menos para algunas personas. Pero entre censurar o tolerar la circulación de mensajes e íconos de toda índole, la opinión prevaleciente ha sido favorable a la permisividad. En esa posición, ha influido la defensa de la expresión libre que han compartido no solo grupos de activistas, sino incluso los consorcios mas importantes relacionados con informática (lo mismo empresas de servicios de conexión como America Online, que Microsoft o IBM). Pero además, esa tolerancia se ha debido a cierto pragmatismo: las características técnicas de Internet hacen difícil, y a veces casi imposible, identificar e incluso sancionar, a los autores de contenidos que puedan ser considerados como delictuosos.

   Y así como es en los países más desarrollados –y en donde Internet se ha expandido con mas rapidez– en aquellos en los que han surgido intentos de reglamentación, también, en el otro extremo, en algunas naciones de régimen autoritario se ha pretendido castigar el empleo de la red fuera de las pautas que dicta el poder político.

   Entre 1996 y 2000 se han conocido restricciones al empleo de Internet en sitios como China y Singapur. Uno de los casos más drásticos y recientes ha sido el de Birmania. En febrero de 2000, Correos y Telecomunicaciones de esa nación (ahora conocida como Myanmar) anuncio las .siguientes reglas para los usuarios de Internet:

 

   Cualquier escrito perjudicial a los intereses de la Unión de Myanmar, no será enviado por correo.

   Cualquier escrito directa o indirectamente perjudicial a las actuales políticas y a los asuntos de seguridad secreta del Gobierno de la Unión de Myanmar, no será enviado.

   Los escritos relacionados con política, no serán enviados.

   Únicamente la persona a la que se otorga una cuenta de Internet, puede usar esa cuenta; ninguna otra persona está autorizada a usar Internet.

   La persona a la que se otorga una cuenta de Internet, es responsable por todo el uso de Internet en esa cuenta.

   Una persona con una cuenta de Internet, tiene prohibido hackear la red y entrar y destruir el sistema de seguridad de Correos y Telecomunicaciones de Myanmar.

   Está prohibido hackear la red y entrar a destruir el sistema de seguridad de otros usuarios de Internet.

   Las personas que tienen una cuenta de Internet tienen prohibido hacer un mal uso de la cuenta de otros usuarios de Internet.

   Los usuarios de la Internet tienen que informar a Correos y Telecomunicaciones de cualquier amenaza en la Internet.

   Los usuarios de Internet tienen que obtener autorización previa de la organización designada por el Estado para crear páginas web.

   Los solicitantes de una cuenta de Internet son considerados responsables de la veracidad de los hechos contenidos en su solicitud.

   Correos y Telecomunicaciones tiene el derecho de enmendar y cambiar las regulaciones para el uso de Internet, sin aviso previo.

   La solicitud puede ser archivada para compensar cualquier daño o pérdida.

   El uso de Internet terminará y se tomará acción legal por la violación de cualquiera de estas reglas”  [5]

   En enero de 2000, de acuerdo con el grupo Reporteros sin Fronteras, las autoridades de Birmania encarcelaron al menos a tres personas, entre ellas un oficial del ejército, por consultar sitios web de la oposición colocados desde otros países.

   Otro caso reciente. El 20 de enero de 1999 Lin Hai, propietario de una empresa de computadoras en Shangai, fue condenado a dos años de cárcel por “incitar a derrocar al Estado”. Su delito, fue entregar 30 mil domicilios de correo electrónico chinos a la publicación electrónica VIP Reference News, elaborada en Washington por opositores al gobierno de China. El juicio de Hai se había realizado en diciembre anterior, en una sesión que duró 30 minutos. El director de la zona asiática de Human Rights Watch, Sidney Jones, declaró entonces: “Este cruel castigo refleja la ansiedad del gobierno chino acerca del aumento del uso de Internet en este país, y la imposibilidad de que pueda controlar el flujo de la información” [6].

   Leonard Sussman, coordinador del informe anual sobre libertad de prensa de la organización Freedom House, ha estimado a partir de una investigación francesa que, en 2000, “45 naciones restringen el acceso a Internet con el pretexto de proteger al público de ideas subversivas o violaciones a la seguridad nacional”. Ese académico se refiere a ” palabras en clave usadas por los censores desde el siglo XVI” [7].

 

III. LIBERTADES, DERECHOS, PATRIMONIO INTELECTUAL Y COMERCIO EN INTERNET

 

   En el desarrollo de la red de redes, se han perfilado al menos cuatro campos de posible conflicto debido a la ausencia de reglas suficientemente claras. Hay quienes consideran que basta con legislar, aunque el problema es de mayor complejidad debido a las características únicas de la Internet. Mencionamos, a continuación, algunos rasgos de las que a nuestro juicio son las cuatro principales áreas abiertas a la comisión de delitos específicamente informáticos. Luego comentamos el uso de Internet para perpetrar delitos que no necesariamente dependen de las redes informáticas.

 

1)    Derecho a la expresión en la red

 

  La posibilidad prácticamente ilimitada para colocar todo tipo de contenidos ha sido aprovechada de las maneras más diversas por los usuarios de la red de redes. En la Internet, especialmente en la WWW, hay enormes cantidades de materiales informativos, recreativos y didácticos. También existen sitios destinados a promover actitudes de intolerancia, racismo y odio y, como es ampliamente sabido, numerosas páginas repletas de pornografía. Nuevo como es, en este medio aún no se definen pautas y preferencias claras de sus usuarios. Entre las páginas que algunas personas pueden considerar ofensivas, algunas suelen ser concurridas y otras, pronto dejan de llamar la atención.

   Los principales y más frecuentes intentos para reglamentar la Internet, buscan censurar los contenidos considerados obscenos. Se suele argumentar que la exposición abierta de materiales de esa índole, puede afectar a niños y jóvenes. Por otro lado existe el derecho de los adultos que así lo deseen para mirar y visitar tales páginas.  

   Entre la necesidad de proteger a los menores de edad y preservar el derecho de los adultos a colocar y consumir la información que deseen, hay un dilema que no ha sido claramente resuelto. Lo más recomendable es establecer filtros y quizá claves para el acceso a los sitios que presentan contenido para adultos. Y sobre todo, mantener una frecuente supervisión de sus padres sobre lo que miran y buscan los niños y jóvenes en la red.

 

2)    Derecho a la privacía

 

   La capacidad de la red de redes para que cada quien coloque en ella los contenidos que quiera, es tan amplia como la posibilidad para que los mensajes e incluso la información en su computadora que un usuario no quiere que sea conocida por otros, puedan ser vistos e infiltrados sin su consentimiento. La posibilidad de interferencia existe en prácticamente todos los medios de difusión. Pero las transgresiones a la privacía en la Internet han sido tan publicitadas que existe la sensación de que en ella todo el tráfico de mensajes, incluso el coreo electrónico, se encuentra constantemente abierto al escrutinio de mirones cibernéticos.

   Quizá no es para tanto. La privacía absoluta no existe en la red. Incluso los sistemas de seguridad más sofisticados, el empleo de claves y mensajes cifrados, pueden ser transgredidos por especialistas en cibernética si así lo desean. Pero es exagerado imaginar, por ello, que el ciberespacio es un océano repleto de piratas informáticos dispuestos a asaltar el primer correo electrónico que se les atraviesa.

   Más que los hackers, la privacía en la Internet está amenazada por las grandes corporaciones que trafican con la información relativa a las preferencias y costumbres de los usuarios de la red de redes. Además, se sabe de la existencia de muy sofisticados sistemas patrocinados por los gobiernos de los países más poderosos para espiar los mensajes que transitan por el ciberespacio.

   Recientemente, se ha confirmado la existencia de una vasta red de intercepción de mensajes patrocinada por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda y con la contribución de Alemania y Japón. Gracias a un sistema de antenas satelitales instaladas en esos países y además en Italia y Turquía, entre otros sitios, se ha logrado una capacidad de intercepción capaz de reunir, y procesar, llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico, descargas de información en sitios en la WWW y transmisiones satelitales. A ese sistema de espionaje, se la ha llamado Echelon.

   Algunos especialistas, consideran que Echelon tiene capacidad para interceptar 3 mil millones de comunicaciones todos los días. La información que recaba es analizada por sofisticados programas de inteligencia artificial en cuatro centros, ubicados en Estados Unidos (cerca de Denver), Inglaterra, Australia y Alemania [8]. Se ha llegado a afirmar que Echelon tamiza el 90% de toda la información que circula por la Internet, en todo el mundo.

   En otro asunto, en mayo de 2000 la cumbre mundial contra la delincuencia en la Internet del Grupo de los 8 que se reunió en París, aprobó 22 recomendaciones. Entre ellas, se encuentra la exigencia a compañías privadas de equipos de cómputo o proveedoras de acceso a la red para informar a sus respectivos gobiernos de los riesgos que adviertan a la seguridad en los sistemas informáticos. De esta manera, tales empresas se convertirían en informantes de agencias como el FBI estadounidense. Aunque se sugirieron medidas que tienden a reforzar la responsabilidad de los usuarios de la red, especialistas del grupo Privacy International consideraron que otras decisiones de la reunión en París, “reducirán la privacía en la Internet y no servirán para prevenir futuros ciberataques” [9].

 

3)    Derechos de autor y patrimoniales

 

   Cuando en la red de redes comenzaron a reproducirse textos y fotografías elaborados para otros medios, especialmente impresos, nadie se quejó de tráfico con sus derechos de autor. Sin embargo a medida que la Internet se ha mercantilizado, o ha estado dominada por expectativas de comercialización cada vez mayores, los creadores de contenidos de toda índole buscan que se reconozca y, cuando es posible, se pague su autoría.

   Existen convenciones internacionales y legislaciones que extienden el reconocimiento de los derechos de autor a los formatos digitales, en cualquier modalidad. Además se ha avanzado en la creación de instituciones capaces de registrar con acuciosidad a los propietarios domicilios electrónicos a fin de reconocer los derechos patrimoniales sobre ellos, en los sitios web. En México la Ley Federal del Derecho de Autor, vigente desde diciembre de 1996, reconoce la obra reproducida, o almacenada, “por medios electrónicos, que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente” [10].

   Sin embargo, las características propias de la divulgación de mensajes en la red propician un intercambio, una alteración e incluso una apropiación tan versátiles, que las leyes no parecen ser suficientes para garantizar los derechos de los autores (otro asunto, es si muchos autores quieren, o no, pelear por tales derechos). Hans Magnus Enzensberger, en un revisionista ensayo sobre la red, ha encontrado que: “Ahora, es difícil saber quien es el autor de un e-mail o de un mensaje web; pero con el autor desaparece también la autoridad. No sólo cualquiera puede publicar, cualquiera puede meterse teóricamente en el texto del otro, copiarlo, continuarlo, parafrasearlo, plagiarlo o falsificarlo. Los códigos y las limitaciones de acceso pueden superarse con los mismos métodos que les dieron vida” [11].

 

4)    Comercio y leyes en la red

 

   Conforme se ha acentuado el carácter comercial de la Internet, los gobiernos, pero sobre todo las empresas que quieren vender productos y servicios en este nuevo medio, han requerido normas para legalizar las transacciones financieras y mercantiles. ¿Qué validez tienen los compromisos de compraventa en la red? ¿Qué obligaciones deben ser respetadas por los vendedores y cuáles son los derechos de los consumidores? ¿Cómo se autentifican esas transacciones? Esos son algunos de los dilemas que abre el comercio electrónico.

   Por lo general, la legislación vigente para las operaciones mercantiles mediante los procedimientos hasta ahora habituales, puede ser aplicada en el comercio electrónico. En algunos casos, se requieren ajustes ligeros.

   En abril de 2000, la Cámara de Diputados, en México, aprobó una nueva ley de comercio electrónico que reconoce los contratos celebrados a través de correo electrónico y la firma digital, entre otras innovaciones [12]. Esa ley, quedó sujeta a la aprobación del Senado de la República.

   El 30 de junio de ese mismo año, el presidente Bill Clinton expidió el decreto que formaliza el uso de la firma electrónica en los Estados Unidos: lo hizo, insertando una tarjeta con una banda magnética que tiene registrados sus datos, personales e intransferibles [13].

 

IV. CUANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SON EMPLEADAS PARA COMETER VIEJOS DELITOS

 

   En torno a los delitos en la Internet, se han dicho y escrito toneladas de versiones e historias. Tanto así, que en algunas ocasiones se ha llegado a crear una imagen sombría y pícara de la red de redes, como si en ella prevalecieran las fechorías y la pornografía.

   La Internet, no hay que olvidarlo, es un medio. Tiene características que la distinguen de otros medios de comunicación personal como el correo ordinario y el teléfono, lo mismo que de medios masivos como la televisión y la radio. Pero es, antes que nada, un recurso para intercambiar información que puede ser empleado con fines muy diversos.

   Igual que hay quienes insultan y amenazan por vía telefónica, el correo electrónico puede ser empleado para amagar y atemorizar. De la misma manera que en la radio o la televisión es posible anunciar artículos cuya venta llega a constituir un fraude a los consumidores, en la red de redes hay estafas. No queremos restarle importancia a la comisión de delitos a través de la Internet, sino insistir en que a través de ella pueden perpetrarse faltas que hace tiempo son padecidas en nuestras sociedades y, de manera más amplia, por el género humano.

   El correo electrónico, por ejemplo, puede ser utilizado para vender estupefacientes y como vía para el lavado de dinero. En las tiendas electrónicas, con su tarjeta bancaria, los compradores pueden pagar artículos que luego resultan de mala calidad o que nunca reciben. Esos no son delitos debidos a la Internet, la cual simplemente es empleada para ilícitos que de todos modos serían realizados, o que han sido tipificados antes de que existiera la tecnología que hace posible la comunicación a través de ella. Se ha sabido de casos de personas que son atacadas cuando acuden a una cita con alguien a quien conocieron a través de un chat.

   La Internet, igual que todo medio de comunicación y todo espacio abierto a la interacción pública, ha sido empleada para propagar contenidos cuya divulgación, y antes su creación, son delictivos (por ejemplo y de manera destacada, la utilización de niños y niñas en imágenes de carácter pornográfico). Hay delitos que aparentemente solo se cometen a través de las redes electrónicas, como la desviación de fondos de una cuenta bancaria a otra mediante la intromisión de algún especialista en informática en las bases de datos de una institución financiera. Pero, aunque tecnológicamente sofisticadas, esas son transgresiones que ya ocurrían, con otros métodos, antes de la Internet. El fraude y el robo siempre han existido.

   Lo que queremos decir, es que más allá de ajustar algunos aspectos muy específicos de la legislación para que sean reconocidas las modalidades del intercambio de mensajes e incluso de valores financieros a través de la Internet lo más pertinente es que, en este nuevo medio, sea aplicable la legislación que ya existe para otras áreas de las relaciones dentro de la sociedad.

 

V. DILEMA JURÍDICO Y POLÍTICO: HACER NUEVAS LEYES O

REFORMAR LAS QUE YA TENEMOS

   Cada vez que surge o se desarrolla un nuevo espacio de relación entre los individuos o una nueva actividad humana, el espíritu reglamentista de algunos abogados conduce al intento para dotarlo de nuevas pautas jurídicas. Desde luego, la existencia de normas es uno de los rasgos de una sociedad civilizada. La Internet, que se debe a uno de los desarrollos tecnológicos más intensos en los últimos 20 años, no podría estar al margen de ese rasgo de la civilización que es la existencia de reglas. Pero en muchos casos, antes que imaginar nuevas normas es pertinente revisar si no resulta más sencillo actualizar, para este espacio peculiar, las que ya existen.

   Si se ha de atender a la singularidad de la red de redes, también es preciso recordar el inédito y hasta ahora casi siempre irrestricto ejercicio de las libertades que ha podido desplegarse, con propósitos y resultados de toda índole, en la red de redes.

   Un trabajo reciente sobre el dilema entre legislar y no para la Internet, recuerda:

   “Decidir entre las restricciones represivas que atenten contra la libertad de expresión en Internet o convivir en ese espacio sin reglas donde las transgresiones sean cosa de todos los días, son los extremos que deben evitarse en una sociedad que necesita ser parte de los cambios, pero que es consciente de la importancia de garantizar el respeto y equilibrio en las nuevas ‘relaciones virtuales’ que nos ofrece la cibercultura.

   “En virtud de los rápidos y constantes cambios tecnológicos, los legisladores no pueden comprender sus consecuencias y tampoco adaptar o, en este caso, plantear medidas reguladoras. Es fundamental recordar que uno de los problemas más graves en el establecimiento de normas en un medio cualquiera —con más razón en Internet donde cambia con rapidez la tecnología— es cómo proteger el interés del público al tiempo que se obtiene el máximo de libertad posible para los ciudadanos, las compañías y otras entidades.

   “La opinión de los legisladores del mundo está dividida, lo que está claro ya es que la ausencia de una estructura legal es una condición peligrosa para mantenerse a la altura del ritmo de innovación en la tecnología de la información y de la diversificación de necesidades de nuestra sociedad; también lo es la evidente urgencia de comprensión de las consecuencias tecnológicas y sociales con la llegada de Internet…” [14].

   Más severa, reclamando prudencia antes de abrir una nueva rama del Derecho, es la posición de quienes recuerdan que no es la primera vez que los descubrimientos tecnológicos, especialmente aquellos que sirven para la comunicación, plantean viejos retos que parecen nuevos. Jonathan Wallace —abogado especialista en asuntos informáticos— y Mark Mangan, escritor de temas relacionados con la Internet, advertían en un libro casi pionero, aparecido en 1996:

   “Debido a la histeria que rodea a la nueva tecnología, la cual es causa de una transformación social, nuestros legisladores han perdido de vista el hecho de que muchas de las viejas leyes están bien. La historia ilustra el principio de que las viejas leyes por lo general están maduras, no han sido desechadas, cuando emerge una nueva tecnología. El telégrafo era como el ferrocarril. El teléfono era una forma de telégrafo. La televisión era radio con imágenes. Cuando se introdujo el automóvil, las leyes existentes que regían el robo de propiedad personal fueron fácilmente aplicadas o adaptadas para proteger a los propietarios de automóviles. No había diferencia significativa entre el robo de un carruaje tirado por caballos y el de un automóvil. No es necesario rehacer nuestras leyes para alcanzar cada vez que inventamos algo nuevo, todavía hay gente aparentemente ciega a la metáfora del que siempre quiere precipitarse y eso es exactamente lo que hace” [15].

 

VI. EL CIBERESPACIO: ¿UN TERRITORIO DISTINTO

QUE AMERITA UNA JURISDICCIÓN ESPECÍFICA?

 

   Esos mismos autores aseguran que muchas leyes aplicables a la difusión de mensajes, podrían servir para resolver algunos dilemas prácticos en la red. Pero advierten una excepción: “Sólo la universal, instantánea presencia de la Internet, requiere cambios a la actual ley… Cuando algo colocado en un servidor en Milpitas, California, es instantáneamente disponible para usuarios en Memphis y Francia, las leyes deben ser cambiadas, o adaptadas” [16].

   En esa distinción y no en el a estas alturas repetitivos alegatos sobre la pornografía, el comercio o la censura, es en donde se encuentra el debate de fondo acerca del Derecho y la Internet. ¿Qué es, después de todo, ese nuevo medio? ¿Constituye un espacio de expresión e intercambio con una materialidad suficiente para ser susceptible de regulación por parte de las leyes nacionales? ¿El tráfico de mensajes de un país a otro, requiere de una legislación multinacional, o al menos de convenios capaces de prever la persecución de delitos más allá de las fronteras de cada país?

   O, desde otro punto de vista, ¿no puede pensarse que el espacio en donde se despliega la información colocada en la Internet –el ciberespacio– es una zona distinta de la geografía hasta ahora conocida y reglamentada?

   Una perspectiva así, indudablemente abre nuevos desafíos. Si se ha de legislar tendría que ser reconociendo de manera amplia las singularidades de la red de redes. En contraposición (al menos aparente) con quienes sostienen que no hacen falta nuevas leyes para este medio, está la postura de aquellos que consideran que el de la Internet es un territorio distinto al de los estados nacionales y que, en consecuencia, requiere de un tratamiento jurídico también diferente.

   Acaso quien con mayor agudeza ha expuesto esa posibilidad es el profesor Lawrence Lessig, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard –y que a partir del 2000 se encuentra en la Universidad de Stanford–. En uno de sus pocos ensayos traducidos al castellano, escrito conjuntamente con Jack Goldsmith, ese especialista sostiene:

   “El ciberespacio está en todos lados, y en ninguno en particular. Accedemos a él desde cualquier punto, nuestras transacciones lo van atravesando, llegan a todas partes. Esto resulta en que casi cualquier lugar, según las nociones tradicionales acerca de lo que es la jurisdicción soberana, puede proclamar para sí el derecho de regular estas transacciones. Esto resulta en la confusión de conceptos. Es como si el mundo se hubiera aplanado de pronto, y que todas sus diversas jurisdicciones se hallaran una al lado de la otra en el mismo plano. Arriba de todo ello, va suspendido un espacio independiente y singular, que coexiste con el mundo de abajo. A medida que va pasando el tiempo, varias jurisdicciones ‘de las de abajo’ interferirán con la de arriba de tal modo que se empezará a armar un lío [17] “.

   Continuan Goldsmith y Lessig:

   “El espectro de esta confusión ha hecho que algunos estemos a favor de que el mundo del derecho reconozca este espacio como una jurisdicción por separado, o, incluso, en algunos casos, como una soberanía por separado, a la que se le tendría que mostrar cierta flexibilidad la hora de tomar determinaciones legales con respecto al soberano. Bien sea a través de estas consideraciones, o a través de un reconocimiento formal, estos teoristas proponen establecer una autoridad nueva y unificada en el ciberespacio que no se fondee en las leyes de ningún soberano en concreto, sino que les incumbiría a todos. Estas personas proponen que, ya que el ciberespacio es radicalmente nuevo, la legislación al respecto también tendría que serlo ” [18].

   De las anteriores reflexiones, que hemos tomado de diversos autores, parecería desprenderse una contradicción entre la aplicación de las leyes actuales y la creación de nuevos ordenamientos para la Internet. Pero no hay tal. Es posible ajustar la legislación hasta ahora vigente para atender necesidades específicas como la protección de derechos de autor y la autentificación de transacciones mercantiles en la red, al mismo tiempo que se profundiza el debate sobre las nuevas fronteras del ciberespacio.

   Las peculiaridades de la Internet podrían, también, provocar confusiones sobre la potestad de las autoridades locales y nacionales para examinar y en su caso, perseguir delitos cometidos a través de la red de redes. Si un aficionado a la pedofilia residente en la Gran Bretaña tiene fotografías de niños salvadoreños de los que se ha abusado sexualmente y las coloca en la red a través de un servidor ubicado en Alemania pero que es propiedad de una empresa estadounidense, ¿en qué país debe perseguirse ese ilícito? En casos como este, hay que recordar que la Internet es un medio: la persecución de esa falta correspondería, desde luego, a las autoridades inglesas si el delito que se persigue es la propagación de fotografías prohibidas debido a la edad de quienes aparecen en ellas. Si se trata de sancionar la utilización de menores de edad, la indagación sería del gobierno de El Salvador. Cuando ocasionan delitos aprovechándose de la Internet, a los individuos se les castiga por la falta, independientemente del medio que hayan empleado y por lo tanto, sin que sea sustantivo el sitio en donde esté materialmente depositada la información considerada como delictiva.

 

VII. PAUTAS ÉTICAS EN INTERNET, RECURSO

QUE BUSCA ANTICIPARSE A LAS LEYES

   La ética nunca resuelve las debilidades o las insuficiencias de las Ieyes, pero en algunos casas contribuye a evitar conductas punibles. En la Internet, la eficacia de códigos capaces de refrenar los abusos se sustenta en la convicción y la conveniencia mutuas de los usuarios de este medio.

   Uno de los estudios mas completos sobre seguridad y privacía en el ciberespacio considera que las peculiaridades de la red de redes permiten abrigar optimismo acerca del ejercicio de las libertades:

   “EI doble desafío es, para nosotros, crear patrones comunitarios para este nuevo espacio de redes global y hacer que esos patrones sean aplicables gratificando el buen comportamiento más que castigando al malo (o quizás alguna combinación de ambas opciones)… A fin de entender los temas de la responsabilidad social en línea, antes que nada debemos comprender que estar en línea significa formar parte de una comunidad; tanto como nos encontramos en nuestras comunidades físicas. A diferencia de nuestras comunidades geográficas más familiares, sin embargo, las comunidades en línea habitualmente están cimentadas en afinidades o intereses” [19].

 


   EI sentimiento de pertenencia a una comunidad es el sustento de los códigos de conducta en Internet. Un estudio acerca del derecho y la red incluye a la ética entre los recursos para evitar conductas delictivas:

   “Quienes toman parte en una actividad, algunas veces deciden determinar las reglas a las que se someterán, que pueden incluir la definición espontánea de las reglas de un juego de grupo, o las que se aplican a un grupo de compañías, por ejemplo, en el sector publicitario. Internet también se caracteriza por la elaboración de tales normas voluntarias estándar… los fundadores de un foro de discusión casi siempre bosquejan reglas que los usuarios de Internet deben observar si desean ser partícipes. En todos estos casos, las reglas no son creadas por el sistema legal sino por un proceso relativamente espontáneo de desarrollo de reglas voluntarias de autorregulación.

   “¿Que tanta solidez y valor tiene este tipo de autorregulación? Ante todo, debe decirse que para quienes participan en la red o en una actividad específica y para quien desea, desde un punto de vista social, continuar participando, estas reglas tienen un poder considerable, pues su no observancia es penalizada por la misma comunidad, que puede Ilegar tan lejos como excluir del grupo a la parte involucrada. A un usuario se Ie puede prohibir formar parte de un foro, por ejemplo. Mas aun, el grupo puede ejercer formas de presión técnica y algunas veces económicamente desagradables, como atacar con mensajes agresivos (flamas), ya sea en forma individual, o en masa, a la parte que contraviene las reglas. De manera ocasional, la presión también alcanza al proveedor de acceso del usuario. Todas estas penalizaciones emanan de la comunidad y se aplican a ella misma” [20].

   Entre otras normas éticas, los usuarios mas experimentados de Internet suelen compartir la convicción de que es preciso respetar la privacidad de los demás, evitando interferir en la propagación de los mensajes de otros e incluso, prescindiendo del envío de mensajes no solicitados (como el llamado “correo spam”). Comunicarse con cortesía, evitar rumores o mentiras, ser concisos y claros, dar crédito a las ideas y mensajes de otros, tener cuidado con los derechos de autor, tolerar los errores, evitar los seudónimos e incluso revisar la ortografía, son algunas de las reglas de etiqueta usuales en la red de redes [21]. Se trata de principios como los que cohesionan y hacen posible la convivencia en cualquier comunidad.

   Pero esa convicción comunitaria, en la cual radica la solidez que puedan tener los parámetros éticos, constituye también su principal debilidad. Si los usuarios de la red de redes no comparten esa pertenencia a un grupo y simplemente entienden a Internet como instrumento para perpetrar delitos, la ética servirá de poco –excepto para que otros cibernautas aíslen a quienes abusan del espacio libre y generoso de la red–.

   De manera no explicita, en México las pautas de comportamiento ético han prevalecido sobre la expedición de leyes específicas para Internet. Los autores de un texto precursor en estos asuntos escribían a fines de 1997: “En México, Internet no se ha regulado de manera expresa, como tampoco en el resto de los países latinoamericanos. Su uso gira en torno a cierto código ético y la tendencia institucional es que será un fenómeno ‘autorregulable”‘. Y añadían:

   “A pesar de los índices de crecimiento del uso de la computadora y de Internet, México enfrenta un problema social consistente en lo que denominamos ‘analfabetismo informático’, del cual el Poder Legislativo no está exento: muchos congresistas no entienden el concepto y la estructura de Internet. Asimismo, nos atrevemos a afirmar que tanto los jueces como los magistrados que forman parte del Poder Judicial tienen hoy en día la misma carencia” [22].

VIII. DERECHO DE TODOS A INTERNET, PARTE DEL DERECHO

DE LA SOCIEDAD A LA INFORMACIÓN

   Existe, finalmente, un campo mas de encuentro entre Internet y Derecho, que es la existencia de condiciones suficientes para que los grupos e individuos de una sociedad puedan tener acceso a ese medio de intercambio e interacción. EI derecho a Internet es una expresión del derecho a la información y a la comunicación pero también del derecho a la cultura y, de manera más amplia, al bienestar.

   Lamentablemente, la promoción de Internet no ha forrnado parte de las prioridades de los gobiernos en países como el nuestro. Todavía, a la promoción de una cultura informática que sea nacional tanto en calidad como en cobertura, en sociedades como la mexicana se Ie ve con extrañeza y se suele considerar que esos asuntos no deben formar parte de las prioridades del Estado. Además, en el caso mexicano, se puede reconocer una notoria e incluso deliberada negligencia: a diferencia de otras naciones en América Latina, en México el gobierno ha permanecido ausente –salvo excepciones en unos cuantos proyectos– del impulso a la instalación de redes de cómputo y en el fomento para que el acceso a Internet forme parte de los recursos habituales de los ciudadanos. El resultado ha sido un crecimiento desigual del acceso de Ios mexicanos a Internet, que reproduce e incluso magnifica, en este terreno, desigualdades materiales y culturales que ya existen en la sociedad. Actualmente, solamente tiene acceso a Internet, en cifras aproximadas, entre el 1.5% y el 2% de la población. A partir de datos del Programa para el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas se pueden reconocer Ios contrastes que se advierten en el cuadro siguiente. Acerca del, en casi todos Ios países débiles, poco articulado desarrollo de la red de redes en América Latina, nos hemos ocupado en otros trabajos [23].

INTERNET EN AMÉRICA LATINA

(Hosts por cada mil habitantes)

País

Hosts

Índice de desarrollo [24]

Argentina

1.75

39

Brasil

1.04

79

Colombia

0.52

57

Costa Rica

0.85

45

Cuba

0.01

58

Chile

2.07

34

Ecuador

1.05

72

México

0.92

50

Panamá

0.86

49

Paraguay

0.15

84

Perú

0.15

80

Uruguay

5.02

40

Venezuela

0.63

48

                                                   Otras naciones

 

Alemania

14.9

14

Canadá

53.5

1

España

6.26

21

Estados Unidos

88.9

3

Francia

7.87

11

Finlandia

108

13

 

   ¿Cómo lograr que Internet alcance una mayor presencia en sociedades como la mexicana? ¿Es ése un asunto que pueda remediarse con medidas desde el campo de las leyes, o debe dejarse a la evolución de la misma sociedad y de sus fuerzas más influyentes? Esta última ha sido la posición del gobierno mexicano: no es pertinente forzar el desarrollo de Internet y mucho menos instaurarla por decreto, se ha dicho. En contraposición con esa política o, mejor dicho, con esa ausencia de política, muchas otras naciones y regiones del mundo tienen proyectos que, con respaldo del Estado y en colaboración con las empresas privadas, promueve el desarrollo de Internet y la apropiación de ese recurso informático por parte de la sociedad [25] .

   Un Estado que no tiene políticas para asuntos como este, deja al garete de las fuerzas del mercado la propagación de Internet y, en general, de la cultura y la información. Por supuesto, el crecimiento de la red de redes no se puede forzar de manera artificial, e inclusive sin una actitud gubernamental ni estatal para propiciarlo, su empleo ha crecido enormemente en los últimos años.

   Una política para impulsar el empleo de Internet podría destinar mayores recursos a la compra de equipo y, también, a la capacitación de los usuarios. Llevar Internet a todos los profesores del país, en todos los niveles, y lograr de manera eficaz que tuvieran acceso a ella al menos todos los alumnos desde el nivel de bachillerato, podría darle otro perfil al sistema educativo nacional. Impulsar sitios de contenido nacional afianzaría la presencia mexicana en la red de redes. Garantizar tarifas bajas para la conexión vía telefónica, con descuentos para los usuarios de menores ingresos, contribuiría a la democratización de ese recurso. Sobre todo, seria preciso quitarle a la Internet la imagen que tiene como medio que solo puede interesar a las élites, o que únicamente sirve al entretenimiento. Para ello haría falta una suerte de desideologización de la red de redes. En los meses recientes, cuando uno de los candidatos presidenciales propuso en México que en todas las escuelas hubiera enseñanza del inglés y clases de cómputo, Ie llovieron cataratas de reproches fundamentalistas. Mas alía de la simpatía –o no– que nos merezcan ese candidato y su partido (además, sancionados ya por los ciudadanos que en las elecciones presidenciales de julio llevaron al poder a otra opción política) sería preciso rescatar aquella propuesta, que por cierto fue una de las pocas iniciativas específicas que se conocieron en la reciente campana electoral.

   Sólo con una visión cerrada a las nuevas realidades y necesidades sociales puede regateársele a los mexicanos el acceso a los nuevos recursos tecnológicos y al idioma que, gústenos o no, es indispensable para tener dominio fructífero de ellos. Solo con una concepción que, en sentido estricto, sería factible calificar como reaccionaria, podría negarse la pertinencia de que en México, y en nuestras escuelas, tengamos inglés y computadoras.




[1] Este texto fue presentado en el Coloquio Internacional El Derecho a la Información y los Derechos Humanos organizado por los doctores Jorge Carpizo y Miguel Carbonell en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del 18 al 21 de septiembre de 2000. En la mesa Derecho de la Información e Internet la ponencia inicial, con ese nombre, fue presentada por el profesor colombiano Álvaro Dávila Peña. Nuestra ponencia que comenzó con algunos comentarios a la de ese colega los cuales suprimimos para esta versión. Todos los materiales del Coloquio fueron compilados en el libro, coordinado por Carpizo y Carbonell, Derecho a la información y derechos humanos. IIJ UNAM, México, 2000.

 

[2] Una didáctica y útil descripción de la ICANN puede encontrarse en el ensayo de Alejandro Pisanty: “México: ICANN ¿’Gobierno de Internet’?” en Revista Electrónica de Derecho Informático, num. 24, julio de 2000, http://publicaciones.derecho.org/redi/No._24_-_Julio_del-2000/18 Pisanty, mexicano, es el único latinoamericano que forma parte del Consejo Directivo de la ICANN.

[3] Sobre el inicio de ese episodio puede verse una breve reseña en nuestro libro La nueva alfombra mágica. Usos y mitos de Internet, la red de redes. Madrid, Fundesco, 1996 (y Diana, México, 1996) especialmente pp. 225 y ss.

 

[4] http://www.eff.org/

 

[5] Communications Law in Transition Newsletter, Vol. 1, No. 4, February 12, 2000: http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/transition/issue04/updates.htm

[6] Fronteras Electrónicas de España, comunicado difundido por correo electrónico el 23 de enero de 1999.

[7] Leonard R. Sussman, “Censor Dot Gov. The Internet and Press Freedom 2000”, http://WWW . freedomhouse . org/pfs2000/ sussman. html

 

 

[8] Estas y otras informaciones sobre Echelon, pueden encontrarse en: http://www.aclu.org/echelonwatch/index.html  También puede verse, José Manuel Recillas, “El affaire Echelon”, en Día Siete, revista de El Universal. Año 1, número 2, México, 25 de junio de 2000.

 

[9] GILC Alert Volume 4, Issue 5 May 31, 2000:

http://www.privacyinternational.org/issues/cybercrime/

 

 

[10] Secretaría de Educación Pública, Ley Federal del Derecho de Autor. Artículo 16. México, 1996.

[11] Hans Magnus Enzensberger, “El evangelio digital”. Traducción de José María Pérez Gay. Nexos no. 267. México, marzo de 2000, p. 60.

[12] Heliodoro Cárdenas Garza, “Aprueban diputados la ley de comercio electrónico”, en Milenio diario, México, 27 de abril de 2000.

[13] Marc Lacey, “Clinton signs e-signature bill”. The New York Times, July 1 2000.

[14] Victoria Teresa Bazaine Gallegos, Legislar o no legislar: el dilema de Internet ignorado en México. Tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, enero de 2000, p 115.

[15] Jonathan Wallace y Mark Mangan, Sex, laws and cyberspace”. Henry Holt publisher, New York, 1996, p.252,

[16] Ibid., p. 253.

[17] Jack Goldsmith y Lawrence Lessig, “El fondeo del magistrado virtual”. Traducción de Javier Villate. En Revista electrónica de derecho informático. Número 10, mayo de 1999:

 http://publicaciones.derecho.org/redi/No._10_-_Mayo_de_1999/goldsmith

 

[18] Buena parte del trabajo de Lessig acerca del ciberespacio y la legislación, ha sido realizado para el Centro Beckman para la Internet y la Sociedad de la Escuela de Leyes de Harvard, en cuyo sitio web se encuentra una amplia y utilísima oferta de materiales y propuestas: http://cyber.law.harvard.edu/

 

[19] Gelman, Robert B. y McCandish, Stanton, Protecting Yourself Online, San Francisco, Electronic Frontier Foundation y Harper Collins, 1998, p. 116. 

[20] Hance, Olivier, Leyes y negocios en Internet, trad. de Yazmín Juárez Parra, México, McGraw-Hill y Sociedad Internet de México, 1996, p. 57.

 

[21] Estos puntos se desarrollan ampliamente en “A Brief Guide to Netetiquette”, en el libro de Gelman y McCandish, cit. supra, pp. 117 Y ss.

 

[22] Barrios Garrido, Gabriela, Muñoz de Alba M. Marcia, et al., Internet y derecho en México, McGraw-Hill y Sociedad Internet de México, 1998, pp. 20 y 21.

 

[23] Entre otros, puede verse nuestro ensayo Desafíos y divergencias de la sociedad de la información en América Latina, en: http://www.recyt.org.ar/Delarbre.htm

 

[24] Sitio en el Índice de Desarrollo Humano establecido par el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Fuente: United Nations Development Programme, Human Development Report, 1999, julio de 1999.

 

[25] EI capitulo IV de nuestro libro La nueva alfombra mágica (cit.. pp. 153 y ss.) se ocupa distintos proyectos nacionales y regionales, especialmente en Europa, que han promovido no sólo el uso de Internet, sino la elaboración de contenidos para el ciberespacio.